La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión sobre el actual gobernador del departamento del Vichada, Hecson Alexys Benito Castro, quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la ejecución de dos obras durante su mandato como alcalde del municipio de Santa Rosalía.
Los contratos que se encuentran en investigación están avaluados en $15.590.769 y $12.697.946 respectivamente, son un puente peatonal sobre el río Güichire y la construcción de una cubierta y parqueadero en las instalaciones de la Policía.
Los hechos se remontan a 2015, cuando el personero municipal trasladó el caso a la Fiscalía Seccional después de realizar investigaciones preliminares disciplinarias. Desde ese momento, el exalcalde Benito Castro habría recurrido a prácticas poco éticas para tratar de archivar los procesos en su contra.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el actual gobernador, al enterarse de las investigaciones mencionadas y aprovechando su posición como alcalde y su destacada influencia en la sociedad de Puerto Carreño, Vichada, se reunió en 2018 con el fiscal local Luis Orlando Sáenz Ojeda, buscando su intervención junto a otrosfuncionarios del CTIpara que sus procesos fueran archivados mediante un informe de campo con resultados favorables.
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Posteriormente, en otra reunión con agentes del CTI involucrados en el caso, se acordó que Benito Castro pagaría una suma de 40 millones de pesos para manipular los procesos, de los cuales 20 millones debían ser entregados el 10 de julio de 2018 y el resto al presentarse los informes de policía judicial ordenando el archivo de las indagaciones.
Tras todo el proceso, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron al 8º Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Carreño la emisión de un fallo condenatorio. Sin embargo, la decisión absolvió al acusado, lo que llevó a ambas entidades a apelar, considerando que las pruebas eran suficientes para demostrar delitos contra la administración pública, específicamente el de peculado por apropiación.
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El caso fue enviado al Tribunal Superior de Villavicencio, el cual, el 19 de septiembre de 2023, emitió un fallo en segunda instancia, revocando parcialmente la sentencia anterior y condenando a Hecson Alexys Benito Castro y dos funcionarios más a 93 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Desde entonces, el caso está bajo la jurisdicción de laCorte Suprema de Justicia.
“En el Vichada estamos muy preocupados porque vemos que en cualquier momento la Corte Suprema se va a pronunciar en contra del Gobernador y nos vamos a quedar sin esa figura de ese funcionario tan importante para nosotros. Hoy le pedimos a la Corte que se pronuncie urgentemente ya que hasta ahora el señor Hecson Alexys está iniciando su periodo y estamos a tiempo de elegir otro funcionario y no sufrir traumatismos”, expresó el líder social, Gerardo Royero.
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