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Hay un plan criminal para poner falsos testigos contra Santiago Uribe: Jaime Granados

Santiago Uribe recuperará su libertad en las próximas horas tras permanecer dos años en prisión preventiva.

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BLU Radio. Santiago Uribe Vélez / Foto: El Espectador

Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe, habló en Mañanas BLU sobre la orden de libertad por vencimiento de términos.

Granados reveló que este viernes se procederá a la expedición de la boleta de libertad por lo que en el curso de esta tarde podría estar “ya con su familia para recuperar todo el tiempo perdido”.

Dijo que el 9 de abril se reiniciará el juicio en donde “se presentarán todas las pruebas de la defensa para poder ratificar la inocencia de Santiago Uribe”. 

Aseguró que su defendido siempre estuvo presto a colaborar, pero “el proceso fue lento, de parte de la Fiscalía, no nuestra, por eso sorprendió la decisión de acusarlo”. 

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Vea aquí: Conceden libertad a Santiago Uribe Vélez, investigado por caso 'Los 12 Apóstoles'

El abogado aseveró que en el caso de Santiago Uribe siempre han existido “testigos mentirosos” por lo que han podido determinar que “existe un plan criminal para poner falsos testigos en su contra”. 

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Agregó que es importante aclarar que en este proceso “no hubo una sola maniobra dilatoria de la defensa, la responsabilidad de la demora corresponde a varios factores, pero no nuestra parte”. 

Este jueves, un juez del Circuito Especializado de Antioquia decidió sustituir la medida de aseguramiento que cobijaba al hermano del senador Álvaro Uribe por una no privativa de la libertad.

Santiago Uribe enfrenta un proceso por la presunta conformación del grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles' y el homicidio de un conductor en Yarumal.

De acuerdo con el juez, la libertad está condicionada a presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe, observar buena conducta individual, familiar y social.

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También se condiciona el beneficio a la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez y la prohibición de asistir a determinadas reuniones o lugares y de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.

 

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