La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la ANLA son las instituciones que tienen en sus despachos miles de folios en investigaciones contra EPM, Hidroituango y los involucrados en contratos y adjudicaciones de la megaobra.
Procesos en la ANLA
Hidroituango tiene licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente en enero de 2009 y, desde la creación de la ANLA en 2011, es esta última la encargada de velar por su cumplimiento. En esta entidad hay cerca de 12 procesos en curso, de los cuales dos ya tienen una sanción contra los dueños de la obra.
La primera es una multa de 2.419 millones de pesos por malos manejos ambientales en obras de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle, lo que hizo que se instalaran dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso.
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La segunda multa es de 2013 por más de 4.000 millones de pesos por la obstrucción de la quebrada el Tenche, justo en la zona donde están los túneles de desviación del río Cauca.
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Los diez procesos restantes están en indagación, proceso sancionatorio, formulación de cargos o etapa probatoria.
Lo que investiga la Fiscalía
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El 27 de febrero la Fiscalía calificó de “El Pecado Original” la investigación en el caso de Hidroituango. Ese día el propio fiscal Néstor Humberto Martínez anunció dos líneas de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación.
Las primeras pesquisas son por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato BOOMT, con el que EPM se convirtió en el constructor de la obra. En este caso, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango (cargos al momento de la adjudicación del contrato) fueron llamadas a imputación de cargos. Además, 8 exmiembros de junta directiva están citados a interrogatorio el próximo 30 de abril.
El segundo eje de investigaciones en la Fiscalía es por los daños ambientales al río Cauca. En este caso el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta deberá presentarse a una audiencia de medidas urgentes el próximo 6 de mayo en los juzgados penales municipales con control de garantías en Bogotá.
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En Contraloría y Procuraduría hay 13 funcionarios y exfuncionarios investigados
Entre la Procuraduría y la Contraloría se analizan más de 30 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En la Procuraduría los procesos están en la fase de indagación preliminar y este ente de control tiene la lupa en las decisiones administrativas y ambientales del proyecto. En este caso hay 13 funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre ellos, actuales gerentes y directivas de EPM; también anteriores, como Juan Esteban Calle. Además, investigan las actuaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez.
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En la Contraloría ya se determinó 35 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria y ocho, además, con presunta connotación penal. Estos últimos por supuestas irregularidades en el manejo de material de construcción sobre quebradas y el comienzo de obras por fuera de la licencia ambiental.
Por parte de ese ente hay un control excepcional a Hidroituango que espera definir el futuro de las investigaciones en septiembre de 2019.
Las investigaciones fueron trasladadas al despacho del propio contralor Felipe Córdoba que dispuso de investigadores que se encargaron de Reficar para que sean ellos mismos los que determinen qué pasó en Hidroituango, para lo que revisan hasta 200 contratos.
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