Investigan fiscalmente a dos exsuperintendentes de salud por caso Saludcoop

BLU Radio conoció una decisión sin precedentes de la Contraloría General de la Nación que imputó cargos de responsabilidad fiscal a dos exsuperintedentes de Salud.Se trata de Gustavo Morales, quien fue una de las personas clave en la intervención de Saludcoop y en la designación de uno de los primeros agentes interventores: el hoy capturado Guillermo Grosso. También contra el exsuperintendente Conrado Gómez clave en la transición y transferencia de afiliados de Saludcoop a Cafesalud cuando se liquidó esa EPS, y también contra los interventores de Saludcoop Mauricio Castro Wilson Sánchez Hernández y el propio Grosso Sandoval por desviación de recursos públicos de la salud. Esta es la primera vez que una decisión de la Contraloría afecta directamente a dos superintendentes de Salud por el proceso de intervención de Salucoop y la cifra de responsabilidad fiscal es de 69.978 millones de pesos. La Contraloría afirma que tanto los interventores como los entonces superintendentes sabían de pagos irregulares con los recursos públicos para la salud que se invirtieron para otros fines no autorizados. Concretamente se habla de un contrato de asesoría jurídica a José Joaquín Bernal Ardila por más de 100 millones de pesos, honorarios por asesorías jurídicas a Ricardo Calvete y Abogados por más de 226 millones de pesos, honorarios a Uriel Alberto Amaya Olaya por más de $360 millones, y más de $258 millones a Vargas Abogados, además de leasings con Bancolombia por $22.580.154.724, Banco de Occidente por $12.074.252.053, pagos a la Corporación Saludcoop IPS por $20.680.409.494, pagos por cuentas de vinculadas económicas de saldos en cesantías por $434.436.830, pagos por cuentas con Work and Fashion por $603.363.000, y pagos por la cuenta Healthfood por $300.771.000.Vea también: Capturado el exinterventor de Saludcoop y expresidente de CafesaludLa Contraloría ratifica los hallazgos contra Grosso Sandoval por 80.000 millones de pesos en gastos administrativos como agente interventor de Saludcoop y más de $2.000 millones como presidente de Cafesalud, y enfatiza que los exsuperintendentes debieron haberse dado cuenta de esta situación y corregirla o avisar a las autoridades. Se imputa responsabilidad fiscal a Wilson Sánchez por $30.008 millones, a Mauricio Castro, el segundo interventor de Saludcoop por $27.324 millones, a Conrado Adolfo Gómez Vélez, exsupersalud por $20.470 millones, a su sucesor, Gustavo Morales por $16.848 millones, y finalmente Grosso otro proceso por $12.645 millones. Hay que recordar que Morales Cobo fue recientemente nombrado presidente de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS en Colombia, luego de salir de la dirección de Afidro en la representación de las multinacionales farmacéuticas. El ente de control señala que a los exsuperintendentes se les atribuye “conducta gravemente culposa y omisiva al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos del sistema general de seguridad social en salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarma), en el segundo”. Esta noticia abre un nuevo capítulo de corrupción en el sector salud que afecta a los personajes más visibles del sector tras la captura por parte de la Fiscalía de Guillermo Grosso y la exsuperintendente para la Supervisión Institucional Eva Carrascal, la semana pasada. Investigación de Contraloría es ridícula, no se me acusa de corrupción: Gustavo Morales Gustavo Morales decidió responder sobre la investigación. Asegura que es “ridícula” y que tiene que ver con los intereses comerciales y personales de la excontralora Sandra Morelli, a quien denunció penalmente en la Fiscalía hace algunos años. “En mi caso particular se me reprocha haber causado un detrimento de $16.000 millones en una investigación de cuatro años atrás. En primer lugar, no se me acusa de hechos de corrupción. Se me acusa específicamente de no haber ejercido una potestad que la ley les da a los superintendentes, consistente en ordenarle a los vigilados que se abstengan de ciertas prácticas. A juicio de la Contraloría, al no haber ordenado que se suspendiera una práctica, causé el detrimento. Y a juicio de la Contraloría el detrimento se da porque yo no le digo a Saludcoop que pague unos créditos a Banco de Occidente y al Banco de Colombia”, asegura Morales. Morales argumenta que es un mal mensaje creer que las EPS no pueden obtener créditos en los bancos. “La Contraloría pretende que las deudas con los bancos no se pueden pagar. Esos créditos se pidieron en el 2007, mucho antes de que yo llegara a la Superintendencia y a juicio de la Contraloría eso es ilegal. Lo que es claro es que las deudas son para pagarlas y esos créditos venían pagándose desde el 2007. La Contraloría quería que yo suspendiera los pagos, lo que habría agravado la situación del sistema de salud porque ningún banco le habría vuelto a prestar a una EPS”, señala el exsuperintendente, que nombró a Guillermo Grosso como interventor de Saludcoop. El exsuperintendente cuestiona la administración de Sandra Morelli. “Este es un elemento más del legado nefasto de Sandra Morelli en su paso por la Contraloría. Después vinimos a saber que tenía sus propios intereses comerciales. El ente de control pretende que los créditos no se podían pagar ni siquiera con el 10 % de los recursos de las EPS, que corresponden a gastos de administración. Yo lo que considero es que las EPS tienen el deber sagrado de atender bien a los colombianos. Si para eso se endeudan, pues tienen que pagar con el 10 % que está destinado a gastos de administración. Y eso solo se puede pagar con la única fuente de recursos que tienen las EPS: la UPC”. Morales concluye afirmando que el proceso comenzó por más de $300.000 millones y ya va en solo $70.000. “Estamos tranquilos y con mis abogados daremos la batalla”, puntualizó.

Investigan fiscalmente a dos exsuperintendentes de salud por caso Saludcoop

La desviación de recursos de Saludcoop habría sido por 70.000 millones de pesos.

Superintendencia de Salud