En una entrevista con Mañanas Blu, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, expuso los motivos por los que denunció ante la Fiscalía al excanciller Álvaro Leyva.
Según explicó, los hechos que rodean a Leyva no pueden entenderse como simples opiniones personales, sino como una serie de coincidencias que podrían configurar varios delitos graves: “Vemos una conspiración con fines de sedición, instigación a delinquir, injuria agravada, calumnia agravada y traición a la patria”.
Carranza basa su denuncia en un audio revelado por el diario El País, en el que Leyva habría hecho afirmaciones que, en su contexto, sugieren un plan para desestabilizar al presidente.
Primero, porque Álvaro Leyva no es un señor desocupado, es un excanciller, un exministro de relaciones internacionales
El abogado conecta varias situaciones como evidencia: las advertencias de Leyva en cartas públicas, el hecho de que conocía el paradero de ‘Iván Márquez’, y la presunta relación entre las disidencias del excomandante guerrillero y el atentado contra el senador Miguel Uribe. “Entonces todas esas coincidencias son las que él tiene que ir a responder allá”, agregó.
Frente a las posibles defensas de Leyva y futuras diligencias judiciales, Carranza fue enfático: “Yo sí estoy diciendo que injurió y calumnió de forma agravada al presidente de la República. A él le toca demostrar que no lo injurió y no lo calumnió”.
Aunque el presidente Petro ha sugerido que la fiscal general Luz Adriana Camargo no es independiente, el abogado dijo apartarse de esa posición y defendió su decisión de acudir a la justicia. Reitero que siempre acudirá ante las autoridades así haya "crisis penitenciaria, carcelaria, de la justicia”.
Sobre el delito de traición a la patria, explicó que no es necesario que se haya materializado un acto con intervención extranjera. “Esa traición a la patria sí puede configurar la intención más o menos perfecta de causar un mal”, afirmó.
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Carranza resumió su tesis con una frase que repitió varias veces durante la entrevista: “Será la Fiscalía la que determine si fue la charla privada de un desocupado tomando tinto o la de un excanciller fraguando una conspiración”.
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