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La Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó este miércoles el sometimiento de 23 militares de la Brigada 15, entre ellos dos mayores, implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como falsas bajas en combate cometidos en la localidad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en 2008.
Según la resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en enero y agosto de 2008 los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante "fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde habrían sido ejecutados extrajudicialmente por integrantes" de la Brigada 15.
Estas ejecuciones se conocen en Colombia como falsos positivos y en la mayoría de los casos las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos económicos reclutados bajo la promesa de un empleo y que fueron asesinados a manos de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios o ascensos.
LOS ACEPTADOS
La decisión de la JEP incluye la aceptación de sometimiento de dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales "todos en retiro", informó hoy la JEP en un comunicado.
La información agregó que los casos por los cuales los militares retirados fueron aceptados en la JEP se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso, explicó la JEP.
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El alto tribunal recordó que en el subcaso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el brigadier general retirado Paulino Coronado, y un civil ya reconocieron su responsabilidad por "falsos positivos" cometidos en la región de Catatumbo en una audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo en abril de 2022, en Ocaña.
La semana pasada la JEP de Colombia aceptó el sometimiento de cuatro exmilitares del Gaula Militar del departamento del Tolima (centro), supuestamente involucrados en, al menos, 14 casos de "falsos positivos".
Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar entre noviembre de 2006 y mayo de 2008 cuando los exagentes hacían parte de este organismo encargado de enfrentar los secuestros y extorsiones.
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Dichas "operaciones ilegítimas" las cometieron supuestamente el teniente William Eduardo López, el sargento primero Carlos Arturo Malte y el soldado profesional Duberney Lugo, que estuvieron involucrados en, al menos, 14 "falsos positivos".
La JEP ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008 durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
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