El juzgado séptimo administrativo del circuito judicial de Bogotá declaró improcedente una acción de tutela que pretendía dejar sin efecto la decisión de la Registraduría Nacional de esperar concepto del Ministerio de salud al suspender los trámites de revocatoria de varios mandatarios locales.
La intención de la tutela era comenzar de inmediato con la recolección de firmas para adelantar los procesos de revocatoria de diferentes mandatarios locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La decisión de la Registraduría fue suspender el trámite de 58 revocatorias de mandato hasta tanto el Ministerio de Salud emita concepto sobre recolección de firmas.
“En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social autorice la recolección de apoyos, la entidad solicita a esa cartera trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas. Se estima que para llevar a cabo las cincuenta y ocho (58) iniciativas de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000)” , explica la decisión.
Según el juzgado, prima actualmente los protocolos de bioseguridad y medidas de restricción para mitigar contagios por COVID-19 en todo el territorio nacional. Al negar la tutela, la decisión sigue en manos de la Registraduría y del Ministerio de Salud para continuar o no con la recolección de firmas para los procesos de revocatoria.
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