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En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender al senador Álex Flórez, del partido Pacto Histórico, tras el escándalo que protagonizó en Cartagena, en donde insultó y agredió a un grupo de policías a las afueras del Hotel Caribe.
Inicialmente, Flórez había sido sancionado con ocho meses de suspensión, pero en una primera revisión, su defensa argumentó que la medida era desproporcionada y que no había cometido una falta grave, lo que llevó a una reducción de la medida a seis meses.
A pesar de la retractación pública y voluntaria de Flórez, así como sus esfuerzos por reparar el daño, que incluyeron disculpas a los agentes de policía afectados y a sus familias, la Procuraduría destacó que sus acciones habían atentado contra la integridad moral y la dignidad de los uniformados.
En el comunicado de la procuraduría señalan que, a “juicio del Ministerio Público, “el senador investigado atentó contra los derechos de los policiales (…)” y lesionó su integridad moral, su honra, su buen nombre y dignidad personal, "enviando así un mensaje de anarquía que va en contravía del Estado Social de Derecho y frustrando la expectativa que se tiene de quienes ostentan los más elevados cargos de la jerarquía estatal.”
No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que las sanciones de suspensión e inhabilidad impuestas a servidores públicos no pueden ejecutarse hasta que un juez emita una sentencia definitiva.
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