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Lista audiencia contra 25 militares para que respondan por masacre en Alto Remanso, Putumayo

Fue en 2022 cuando un operativo del Ejército Nacional reportó la muerte de 11 presuntos disidentes, que después fueron confirmados como campesinos en Alto Remanso, Putumayo.

Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo.jpeg
Cuestionado operativo del Ejército en Putumayo //
Foto: suministrada

La polémica operación en la vereda El Remanso  , en Puerto Leguízamo, Putumayo; donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las FARC, sigue generando todo tipo de controversias Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.

Este jueves, 16 de febrero, la Procuraduría General de la Nación anunció que pudo reunir las pruebas y testimonios en indagación previa sobre la operación militar adelantada por el Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Ahora, varios meses después, se confirmó al fin la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el próximo 1 de agosto de este año. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.

La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista por haber dejado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y, un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte

Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares.

De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.

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