La Fiscalía citó a imputación de cargos al exgobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente acusador, tiene que ver con presuntas irregularidades en los procesos de contratación de 119 convenios celebrados por la Gobernación del Tolima entre el 2008 y 2011, periodo en el que Barreto fungió como mandatario departamental.
De estos, por línea de investigación, se ha priorizado la averiguación en relación con los convenios 960, 1150, 1331, 1377 de 2008, 0329, 0783, 0793, 1061 de 2009, 1216 de 2010, 716, 717 y 718 de 2011, celebrados con la Corporación para la promoción del desarrollo rural y agroindustrial “Prohaciendo”.
Según investigadores, los convenios realmente corresponden a la entrega de recursos públicos a Prohaciendo para que, sin el debido cumplimiento de los principios y requisitos de la contratación pública, de manera directa y sin licitación, “subcontratara la realización de obras civiles de construcción y de urbanismo por más de 4.700 millones de pesos, con lo cual se vulneraron las disposiciones del Decreto 777 de 1992, de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como del 2474 de 2008 y se transgredieron los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal”.
Pruebas técnicas de la Fiscalía muestran que las obras se ejecutaron, que no hubo sobrecostos, que el dinero desembolsado por la Gobernación fue utilizado para la ejecución de los contratos, pero que Prohaciendo se apropió de manera indebida de parte de los recursos que le fueron entregados.
Incluso, asegura la Fiscalía, uno de los subcontratistas aportó dinero para la campaña de Barreto y otro de los subcontratistas es un hermano de aquel.
Si bien todos los procesos contractuales fueron tramitados y celebrados por los secretarios del gobernador, habida cuenta que éste delegó las facultades de contratación y ordenación del gasto, dichos procesos solo podían adelantarse con autorización suya. De igual manera, respecto de los procesos de contratación celebrados en el año 2008 y en el año 2009, el gobernador fue advertido por la Contraloría sobre la irregular forma de contratación a la que se estaba acudiendo, aun así, siguieron celebrándose convenios por esa vía y con el mismo contratista: Prohaciendo
argumenta la Fiscalía en el llamado a imputación de cargos.
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