Los beneficios que perdería Sandra Ortiz si no hace un preacuerdo antes de la acusación

Sandra Liliana Ortiz Nova, exasesora presidencial para las regiones, fue llamada a juicio por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque goza de presunción de inocencia, la investigación ha avanzado y la lectura del escrito de acusación quedó fijada para el próximo 6 de marzo.

Según el abogado Pablo Bustos, representante de víctimas, Ortiz aún tiene la oportunidad de negociar con la justicia. Si logra un preacuerdo con la Fiscalía antes de la acusación, podría obtener una rebaja de hasta el 50% de la pena, lo que equivaldría a cinco años menos de prisión. Además, tendría acceso a otros beneficios como la suspensión del proceso y la posibilidad de modificar su medida de aseguramiento. Incluso, si su colaboración es efectiva, podría acceder a un principio de oportunidad, que le otorgaría mayores ventajas legales.

Sin embargo, según Bustos, Ortiz estaría buscando impunidad o inmunidad total, algo que considera inviable debido a la cantidad de pruebas y testimonios que, según él, existen en su contra. “Hay múltiples declaraciones, principios de oportunidad en curso, acusaciones, medidas de aseguramiento e imputaciones, además de abundante documentación que acredita la comisión de estos delitos”, afirmó.

El abogado advierte que la colaboración de Ortiz podría revelar la existencia de una red de corrupción más amplia, que iría más allá de la UNGRD e involucraría a otros hechos y responsables. Su testimonio sería clave para esclarecer la magnitud del esquema y el papel de diferentes actores en los presuntos desvíos de recursos públicos.

Sandra Ortiz fue imputada por los delitos de lavados de activos y tráfico de influencias, el ente acusador tiene un gran número de pruebas para sustentar que la exfuncionaria le entregó 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name en un apartamento al norte de Bogotá.

La Fiscalía sigue avanzando en la imputación de exfuncionarios y contratistas, y la exasesora deberá decidir si colabora con la justicia antes del juicio o enfrenta el proceso sin beneficios judiciales.