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Los casos en los que la Fiscalía perdió y sus acusados quedaron en libertad

El caso más llamativo es el del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga.

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BLU Radio // Mallete // Foto: Rama Judicial, imagen de referencia

Son varios casos en los que la Fiscalía ha perdido su teoría en las primeras audiencias de garantías y un juez ha dejado en libertad a los capturados que llevan como presuntos responsables de un delito. Al caso de Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, se le suman muchos más, BLU Radio le cuenta los más importantes.

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Caso del excontralor de Antioquia

El caso más reciente es el Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, a quien dejaron en libertad junto a otros nueve capturados, pues el juez consideró que hubo falta de pruebas que determinaran una inferencia razonable de Zuluaga en hechos de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía dijo a través de su cuenta de Twitter que sí hay evidencia para la medida de aseguramiento.

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Sí hay inferencia razonable de autoría para dictar medida de aseguramiento en contra de los investigados por presunta corrupción en la contraloría de Antioquia”, señaló el ente.

Caso del Ejército

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La jueza 14 de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a 11 de los 12 militares capturados en agosto por presuntos actos de corrupción al interior del Ejército y al único al que le ordenó medida de aseguramiento le otorgó el beneficio de casa por cárcel.

Los suboficiales eran señalados de falsificar documentos con lo que lograban ascensos o cambios de unidades en la entidad. Según la funcionaria judicial, la Fiscalía no pudo argumentar la necesidad de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los suboficiales.

Caso exfiscal del proceso Colmenares

A pesar de que este año capturaron al exfiscal del caso Colmenares Antonio Luis González por el presunto incumplimiento con sus deberes constitucionales de protección a una menor de doce años, quien fue víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro en el año 2009, el Juzgado 47 de Garantías de Bogotá ordenó su libertad inmediata, pues consideró que “hubo ausencia de los fines constitucionales que demostrarían los hechos por los cuales se adelanta la investigación”.

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Caso exgobernador de Santander

La Fiscalía capturó el año pasado al exgobernador de Santander el coronel (r) Hugo Aguilar como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, junto a él detuvieron a su exesposa, Mónica María Barrera Carreño, y un presunto testaferro llamado Yeison Albeiro Sáenz Plazas.

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Sin embargo, el juez 74 de garantías, criticó la falta de argumentación de la Fiscalía y aseguró que los investigadores no habían dado razones suficientes que demostraran que podían representar un peligro la sociedad o el proceso y que, incluso, no se demostró que el origen del aumento en el patrimonio -objeto del caso- fuera ilegal.

“Si la investigación se hubiera hecho un poquito más exhaustiva posiblemente la Fiscalía hubiera llegado con más certeza sin vacilar (…) Dando golpes certeros en los que se puede demostrar de dónde se obtuvo el dinero”, dijo el juez.

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Caso de Miguel ‘Happy’ Lora

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La juez 40 de garantías de Bogotá dejó en libertad al exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda y al exconsejero presidencial para las regiones Carlos Eduardo Correa, quienes fueron capturados en el 2017 por presuntas irregularidades en el contrato de remodelación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.

La funcionaria judicial no estuvo de acuerdo con los argumentos de los fiscales y les permitió continuar su juicio en libertad.

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Caso del cantante ‘Churo’ Díaz

A pesar de que la Fiscalía capturó y pidió cárcel para el cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, más conocido como ‘Churo’ Díaz, por presunta estafa a más de 340 personas, el juez 63 de garantías lo dejó continuar su proceso en libertad porque consideró que los argumentos de la Fiscalía no fueron suficientes para enviarlo tras las rejas.

Caso del cartel de del síndrome de down

A pesar de que el CTI de la Fiscalía capturó a Yolima Rangel Yánez, representante legal de una IPS y quien fue vinculada al denominado cartel del síndrome de down, mediante el cual se habrían malversado más de 10.000 millones de pesos de la salud en Córdoba, en este proceso el juez también decidió abstenerse de darle una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Caso del exgobernador del Chocó

La Fiscalía capturó al exgobernador del Chocó Efrén Palacios Serna como presunto responsable del fraude de 4.000 millones de pesos a la salud de ese departamento. En este caso, un magistrado también tomó la decisión de dejarlo continuar el proceso en libertad, pues el ente acusador no supo argumentar la necesidad de que estuviera tras las rejas.

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Caso de los alcaldes de Santa Marta

La Fiscalía capturó en el 2017 al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y a su antecesor Carlos Caicedo Omar por presuntas irregularidades en dos contratos para la demolición y reconstrucción de cinco centros de salud. Sin embargo, el juez decidió dejarlos en libertad, al igual que a los otros cuatro capturados porque la Fiscalía no supo argumentar la necesidad de una medida no privativa de la libertad.

¿Culpa de los jueces o de los fiscales?

Aunque la Fiscalía ha cuestionado las actuaciones de los jueces en las libertades, expertos penalistas coinciden en que la culpa es por la falta de investigación de la entidad antes de hacer una captura.

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Para el abogado Marlon Díaz el común denominador en la mayoría de los casos, en los que a la Fiscalía se le cae la solicitud de una medida de aseguramiento, es que no demuestra una inferencia razonable.

“El común en varios de los casos emblemáticos, en los que se abstienen de dictar medias, es que lo que la Fiscalía ni siquiera acredita es inferencia razonable de autoría o participación, es decir, no es capaz de convencer a un juez de que se puede considerar a una persona como autora o participe de un hecho”, dijo.

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Por su parte, el abogado Iván Cancino, quien ha sido abogado en varios de los procesos reseñados anteriormente, aseguró que la razón es “si bien porque no hay evidencia del hecho que se le va a imputar o porque los fines constitucionales no se cumplen. Lo único que significan esas libertades es que hay jueces muy valientes que hacen respetar las garantías sin que ello signifique que se acabe el proceso”.

Por eso, añadió que “la Fiscalía tiene que empezar a reevaluar cuáles son los motivos y los casos en los que vale la pena privar de la libertad a una persona porque lo que hace es desmotivarle la creencia en la justicia y en el ente acusador.

Para el abogado Alejandro Sánchez los casos muestran que el error lo comete la Fiscalía al capturar sin fundamento.

“Muchos fiscales utilizaban las capturas como estrategia de litigio y los jueces han puesto coto a esta indebida práctica. Las capturas son un asunto de la mayor trascendencia y es deber de los jueces garantizar que no se cometan abusos. El error no es de los jueces, el error está en las capturas indebidamente fundamentadas, el error está en las capturas que se utilizan como mecanismo de presión, el error está en las capturas que se utilizan como estrategia de litigio”, señaló.

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Finalmente, el abogado Francisco Bernate dijo que “la Fiscalía se ha preocupado por ambientar sus casos ante la opinión pública y los medios de comunicación por abusar de la detención preventiva. La realidad es que en Colombia primero se detiene y luego se investiga y cuando llegan ante los jueces no tienen argumentos, evidencias y las personas quedan en libertad”.

 

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