Merlano dice que C. de Estado no debió procesarla por tener trastornos psiquiátricos
BLU Radio pudo conocer el texto que presentó Merlano en el que advierte que hubo errores de procedimiento que deben revocar su pérdida de investidura.
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La defensa de la exsenadora Aida Merlano presentó ante el Consejo de Estado al menos tres recursos que pretenden tumbar el fallo que le quitó la investidura como congresista, tras las investigaciones por la presunta compra de votos en las pasadas elecciones.
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BLU Radio pudo conocer el texto que presentó Merlano contra el fallo del Consejo de Estado por el que advierte que hubo errores de procedimiento que deben revocar la pérdida de investidura.
Merlano plantea que el Consejo de Estado no debió adelantar un proceso contra una persona que, según Medicina Legal, padecía trastornos psiquiátricos y que incluso por orden de la Corte Suprema fue ordenado su tratamiento para atender diligencias judiciales.
“Que, aunque en dicho dictamen se concluye que la señora “AIDA MERALANO REBOLLEDO en la actualidad conserva su capacidad mental para comparecer ante las autoridades, rendir testimonio y establecer preacuerdos”, la realidad es muy diferente, pues lo que ha percibido esta defensa, como los demás abogados que acudimos ante ella para el ejercicio de su defensa (penal y administrativa), es que presenta episodios de amnesia u olvido”, señala el texto.
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Asimismo, Merlano demuestra que nunca recibió las notificaciones del proceso que le estaba adelantando el alto tribunal.
De igual forma, presentó documentos oficiales del Consejo de Estado en el cual le envía notificaciones a un sitio de residencia en Barranquilla, cuando tenía pleno conocimiento de que Merlano Rebolledo estaba privada de la libertad en la cárcel el Buen Pastor en abril de 2018.
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Otro de los puntos que expuso la defensa de Aida Merlano, el abogado Silvio San Martín Quiñonez, fue que el Consejo de Estado advirtió que “corrió traslado de las pruebas” a la excongresista Merlano, pero por su condición de detenida no las pudo conocer.
“Se le violó a mi cliente el derecho a la contradicción y defensa en el transcurso del proceso”, señaló el jurista.
Lo que trascendió es que el Consejo de Estado le envió un CD con toda la información y material probatorio que tenía en su poder para que ejerciera su defensa, pero dice que nunca llegó a sus manos ni a su defensa.
En los próximos días el Consejo de Estado deberá analizar el material probatorio y determinar si envía a segunda instancia el proceso para establecer la responsabilidad de la excongresista en la presunta compra de votos.