Para muchos colombianos, vivir en conjuntos residenciales implica compartir espacios con diferentes tipos de familias, lo que exige seguir ciertas normas con el fin de garantizar una sana convivencia entre los residentes.
Por ello, quienes incumplen lo establecido suelen enfrentar sanciones económicas o, en casos más graves, consecuencias legales.
De hecho, la ley colombiana contempla medidas estrictas cuando se cometen infracciones que involucran a menores de edad dentro de estos espacios.
En las últimas semanas, ha llamado la atención la discusión sobre los castigos aplicables en conjuntos residenciales cuando se vulneran los derechos de niños y adolescentes.
Colombia cuenta con normas claras que protegen la integridad física, emocional y mental de los menores, y castiga a quienes atenten contra ellos.
¿Qué ley protege a los menores en conjuntos residenciales?
La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, junto con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), establece normas aplicables en conjuntos residenciales.
El artículo 38 de esta última norma señala que, dentro o fuera del conjunto, si se engaña a un menor o se le incita a presenciar actividades inadecuadas para su edad, como el consumo de drogas o actos vandálicos, los responsables pueden ser sancionados.
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La multa correspondiente es de tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2025, esto representa una sanción de $759.200.
¿Qué hacer si recibe una sanción en un conjunto residencial?
Las sanciones relacionadas con menores pueden ser sorpresivas, especialmente cuando derivan del comportamiento de terceros. Por eso, es importante saber cómo actuar ante una multa de este tipo:
- Notificación formal: El presunto infractor debe recibir una notificación por escrito. Si la conducta puede corregirse, se debe otorgar un plazo razonable para hacerlo, respetando el debido proceso.
- Sustento normativo: La conducta sancionada debe estar contemplada en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia del conjunto. De lo contrario, la sanción puede carecer de validez.
- Quién impone la sanción: Ni la administración ni el comité de convivencia pueden imponer sanciones por su cuenta. Solo la asamblea de copropietarios o el consejo de administración tienen la facultad para hacerlo legalmente.
Si considera que la multa es injusta, es recomendable que siga los siguientes pasos para evitar pagar de más:
- Lo primero es revisar que haya sido notificada de forma correcta.
- Luego, consulte el reglamento interno del conjunto para verificar si la sanción tiene fundamento.
- En caso de estar en desacuerdo, puede presentar una apelación. Si esta no prospera, lo recomendable es buscar asesoría legal o acudir a una conciliación con la administración del conjunto para resolver la situación.
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