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Nueva imputación al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo por presunta corrupción

El exmandatario local es investigado por varios contratos donde se cambió el destino de los recursos para el departamento, dentro de los que están el PAE y manejo de la pandemia por COVID.

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José Facundo Castillo Cisneros // Foto: Captura de video

La Fiscalía citó a una nueva imputación de cargos al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros por presuntas irregularidades en contratación, que habría impulsado mientras estuvo a cargo del departamento en los periodos 2012 – 2015, y 2020 – 2021.

El exmandatario, que se encuentra privado de la libertad por supuesta contratación de Arauca que entregó a integrantes del ELN, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento, sin requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Son varios contratos los que investiga la Fiscalía

La primera, por los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013, que tiene un valor de $7.312’940.169 y el contrato N°362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498’124.083. Aquí el objeto fue la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En los dos se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los $1.450.000.000; mientras que, en el segundo, superó los $619.000.000.

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Asimismo, lo investigan por la modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por el COVID – 19, el 23 de abril de 2020, el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios. El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia. Sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.

Finalmente, los investigadores encontraron irregularidades en el contrato N°198 del 6 de abril de 2020, por $4.463’739.189. Tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica. En este caso el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.

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