La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó las medidas sobre las facultades para reactivar órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados dentro del proceso de la paz total, luego de conocerse una respuesta emitida por la Fiscalía General de la Nación en relación con este tema.
De acuerdo con la candidata, existe preocupación frente a lo que considera un cambio de postura por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en torno a las competencias que tendría la Fiscalía para reactivar órdenes de captura contra representantes de grupos armados organizados que participan en procesos de negociación con el Gobierno nacional.
Tras la respuesta oficial del ente acusador, Valencia aseguró que el Ejecutivo no tendría interés en que la Fiscalía tenga la facultad de reactivar estas medidas judiciales. En ese sentido afirmó que “el Gobierno no quiere que la Fiscalía tenga la facultad de reactivar las órdenes de captura contra alias 'Calarcá' y los demás con quienes ha negociado”.
En la comunicación emitida por la Fiscalía se explicó que, con el propósito de evitar un eventual conflicto institucional o choque de trenes entre ramas del poder público, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habría modificado su postura inicial frente a este asunto. Según se indicó, dicha entidad “varió ostensiblemente su postura, argumentando que la Fiscalía no está revestida de facultades para adoptar la decisión de reactivar órdenes de captura respecto a representantes de grupos armados organizados”.
Como consecuencia de esta interpretación jurídica, la Fiscalía explicó que la decisión final sobre la reactivación de órdenes de captura recaería en la Presidencia de la República. Por esta razón, el ente acusador informó que remitió una carta al presidente Gustavo Petro, solicitando que se reactiven las órdenes de captura contra el cabecilla alias 'Calarcá', tras hallazgos que lo vincularían con acciones criminales específicas.
Adicionalmente, la Fiscalía solicitó al jefe de Estado la reactivación de órdenes de captura contra varios integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalados por presuntos delitos de homicidio, reclutamiento de menores, confinamiento, desplazamiento forzado y conductas consideradas de lesa humanidad en la región del Catatumbo.
Frente a este panorama, la candidata Paloma Valencia también expresó su desacuerdo con la interpretación jurídica que ubicaría la decisión en cabeza del Ejecutivo, argumentando que la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en señalar la autonomía de la Rama Judicial frente al Gobierno Nacional. Según manifestó, el Ejecutivo estaría intentando asumir una competencia que, a su juicio, no le corresponde, en contravía de lo establecido en la Sentencia C-525 de 2023.
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