El antiguo secretariado de las Farc envió una carta al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, en la cual le pidió eliminar un acuerdo suscrito con la Procuraduría el pasado 11 de octubre denominado “Acuerdo de Cooperación para la Definición Oportuna de la Situación Jurídica”, lo que alertaron los exFarc es que se estarían extralimitando las funciones de este ente de control y afectando sus derechos.
Este acuerdo daría facultades a la Procuraduría para que emita conceptos entorno a imputaciones de los comparecientes ante la JEP, la situación jurídica de las personas y también sobre si los comparecientes cumplen o no con las condiciones para recibir tratamientos definitivos y no sancionatorios.
"No se entiende, por qué, siendo la PGN un ente de orden imparcial que debe velar por la representación de víctimas indeterminadas y la defensa de los derechos de estas y de los comparecientes, a través del Acuerdo suscrito adquiere facultades de imputación y funciones propias de definición que corresponden a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, SDSJ, extralimitando las competencias legales y Constitucionales que le han sido conferidas", se leyó en el documento.
Además, aclararon que si bien la Procuraduría tiene facultades para solicitar a la JEP que se verifique si algún compareciente está incumpliendo con sus deberes, estas facultades que se darían con el acuerdo irían más allá, excediendo sus competencias y asumiendo funciones que únicamente debería tener la justicia transicional, por lo que se estarían viendo afectados los derechos de los exFarc.
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"Llamamos la atención de la JEP, pues reiteramos que la PGN no es la entidad, ni mucho menos, la institución que tenga facultades de juzgamiento, como erróneamente se plantea en el “Acuerdo de Cooperación para la Definición Oportuna de la Situación Jurídica”, pues es inconcebible que se pretenda una coadministración judicial, afectando de esta manera los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y defensa, y por supuesto al juez natural de los comparecientes".
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En el mismo sentido aseguraron que la JEP tiene el objetivo de administrar justicia de manera imparcial, por lo que el acuerdo de cooperación con la Procuraduría, para los exFarc, iría en contra de lo que se acordó en La Habana y señalan al ente de control de tener "una lógica adversarial, cobijada con el manto del derecho penal del enemigo", ante esto, piden derogar lo acordado el pasado 11 de octubre.
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