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La fiscal que había solicitado audiencia de imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por prevaricato por omisión relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay retirará esa solicitud en las próximas horas. La decisión, confirmada por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, obedece a un conflicto de competencias dentro del ente acusador.
La medida se conoce luego de que una fiscal seccional de Bogotá radicara la diligencia contra Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. Al funcionario se le señala de, aparentemente, no haber atendido 23 peticiones del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad previo al atentado del 6 de junio, en el que posteriormente fue asesinado.
El freno al proceso no responde a una falta de pruebas, sino a una disposición jerárquica que fue omitida. El pasado 11 de junio, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, creó un grupo de tareas especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe.
Al existir este grupo especial, la fiscal seccional perdió la competencia para actuar de manera independiente en el caso.
La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el 'Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay'
Es importante aclarar que la investigación no ha sido cerrada. La fiscal que llevaba el caso sostiene que existen méritos suficientes para imputar cargos a Augusto Rodríguez, bajo la tesis de que la omisión en el refuerzo de seguridad facilitó las condiciones para el ataque.
Ahora, será el grupo de tareas especiales de la Fiscalía el que evalúe el material probatorio y decida si retoma la solicitud de imputación contra el director de la UNP o si toma un camino jurídico distinto.
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