Este martes, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar del INPEC y de la cárcel de Tuluá, luego del incendio que dejó 51 personas privadas de la libertad sin vida y 23 heridos.
El órgano de control ordenó la práctica de pruebas, con el fin de establecer si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones; y se encuentra realizando las primeras diligencias en el lugar de los hechos.
En la mañana de este martes, 28 de junio, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, también se pronunció: les pidió a alcaldes y gobernadores incrementar los centros de reclusión transitorios para evitar el hacinamiento en las cárceles del país.
Asimismo, el ministro manifestó que el lamentable incendio inició por una riña entre reclusos, cuando uno de ellos le prendió fuego a una colchoneta.
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“Lo ideal sería que en el país no hubiera hacinamiento, por eso hacemos un llamado a alcaldes y gobernadores para que empiecen a construir centros de reclusión transitorios”, añadió Ruíz.
“La Procuraduría practicará pruebas en la cárcel de Tuluá con el fin de establecer si existe responsabilidad por acción, omisión o extralimitación por parte de algunos funcionarios": procurador delegado para los DDHH, Javier Sarmiento (@Jasavier) pic.twitter.com/W5z6TjPKSF
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 28, 2022
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