La Procuraduría General de la Nación evalúa garantías para el empresario Carlos Solarte, en el proceso penal que hay en su contra por Consorcio Troncal para la Paz, por medio del cual se ejecutaron recursos públicos pertenecientes a la nación. Según su defensa, la Fiscalía estaría juzgando a Solarte por una ley que no es acorde al proceso.
En el caso judicial por el que fue privado de la libertad el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, que hoy se encuentra en libertad por vencimiento de términos, es el contrato 2005-CO-20-335 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal para la Paz, por medio del cual se ejecutaron recursos públicos pertenecientes a la nación por más de $41.663.432.778, firmado en diciembre del año 2005.
Este proceso judicial se inició porque la Fiscalía consideró que al menos una parte de los recursos ejecutados en dicho contrato fueron objeto de supuestas conductas constitutivas del delito de peculado por apropiación.
Dentro de las personas investigadas se encuentra Carlos Alberto Solarte, reconocido por ser uno de los concesionarios más grandes del país, y, junto con él, su hermano Héctor, ya fallecido, su sobrino Luis Fernando Solarte Viveros y otros directivos del llamado Consorcio Troncal para la Paz.
La Fiscalía ha informado que Solarte Viveros y otros directivos del consorcio se han acogido a un principio de oportunidad, que es una figura que está prevista únicamente en el sistema acusatorio que es la Ley 906 de 2004, negociación que debe ser aprobada por un juez de la República y que a la fecha se encuentra negado.
Mientras tanto a Carlos Alberto Solarte, en la misma investigación, se le judicializa por el sistema antiguo que es la Ley 600 de 2000, procedimiento en el cual la Fiscalía no tendría que acudir en ningún caso ante un juez de la República, porque el fiscal en el sistema antiguo actúa como si fuera un Juez.
La defensa de Solarte Solarte, el abogado Juan Francisco Navarrete Riveros, se ha opuesto a que la Fiscalía le realicé la acusación por una ley distinta de los otros procesados y, en ese sentido, solicitó el 03 de mayo de 2022 la intervención de la Procuraduría General de la Nación a través de un agente especial para que intervenga en el proceso penal, porque, según dice su defensa, la Fiscalía estaría viciando de nulidad la investigación; es decir, podría caerse el proceso porque se estaría juzgando a Solarte por una ley que no es acorde al proceso.
Solarte radicó una acción de tutela el 06 de mayo de 2022 ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la Fiscalía delegada ante la Corte, para exigir que se disponga la protección del principio constitucional del debido proceso y se ordene a la Fiscalía adelantar la investigación contra Solarte por el sistema acusatorio, que, según el abogado, es la ley que debe aplicarse en igualdad de condiciones a los otros procesados que están siendo juzgados por el sistema acusatorio.
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