La plataforma de domicilios Rappi está siendo investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), luego de que se formularan pliegos de cargos por posibles infracciones a los derechos de los consumidores en Colombia.
Según lo indicado en las resoluciones N°. 31112 y 31103 del 23 de mayo de 2025, la entidad señala fallas en la calidad del servicio, publicidad engañosa, falta de información clara y el incumplimiento de órdenes administrativas previas.
Entregas tardías, productos en mal estado y fallas en la atención al cliente
De acuerdo con la SIC, Rappi habría vulnerado el derecho de los usuarios al entregar productos en mal estado, incompletos o con demoras.
Además, la plataforma no estaría respondiendo de manera adecuada a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los consumidores.
Uno de los aspectos más delicados es la supuesta omisión en la entrega de productos adquiridos, lo que representa un incumplimiento directo del contrato de compraventa celebrado entre el usuario y la plataforma.
Posible publicidad engañosa y falta de información en cobros
Otro punto clave en la investigación es el servicio “Turbo” de Rappi, el cual, según la SIC, no estaría cumpliendo con las condiciones anunciadas en su publicidad, lo que podría considerarse como publicidad engañosa.
Asimismo, la entidad advirtió que Rappi no ha brindado información clara, oportuna y suficiente sobre los cobros realizados ni sobre el precio por unidad de medida (PUM) en varios de los productos ofrecidos.
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Esto va en contravía del derecho de los consumidores a recibir información transparente al momento de realizar una compra.
Cláusulas abusivas e incumplimiento de órdenes anteriores
Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con la inclusión de cláusulas contractuales que limitarían de forma unilateral la responsabilidad de la empresa.
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Según la SIC, esto rompe el equilibrio entre las partes y deja al consumidor en desventaja frente a la compañía.
Adicionalmente, Rappi habría incumplido con las órdenes impartidas en mayo de 2024 mediante la Resolución N° 27648, donde se le exigía mejorar la calidad del servicio y eliminar cláusulas abusivas que eximían a la empresa de asumir su responsabilidad frente a los usuarios.
De comprobarse las irregularidades, la plataforma podría enfrentar sanciones económicas y otras medidas por parte de la autoridad de protección al consumidor en Colombia.
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