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El director nacional de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, anunció que la organización radicará una nueva denuncia penal contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.
Esto por los dos documentos de la Fiscalía conocidos en exclusiva por Mañanas Blu 10:30 A.M., que dan cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, la fiscal general sí estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre las fiscales que formalmente llevan el caso.
Según Bustos, las irregularidades se derivan de afirmaciones falsas contenidas en la resolución mediante la cual se rechazó una solicitud de recusación en contra de la fiscal. En dicho documento, Camargo habría negado tener conocimiento o injerencia en el trámite de los principios de oportunidad, particularmente en el caso de megacorrupción relacionado con Sandra Ortiz.
La Red de Veedurías sostiene que esta negativa contradice el conocimiento previo que la fiscal habría tenido respecto a las solicitudes de inmunidad presentadas por Ortiz una total y otra dentro de una nueva negociación para colaborar con la justicia y aportar evidencias contra Iván Name y David Calle.
La denuncia también cuestiona el aparente silencio de Camargo frente a un nuevo trámite judicial que podría implicar beneficios adicionales para los implicados, y que estaría relacionado con una supuesta red de corrupción de alto nivel. En este entramado, se menciona también al actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, y su presunta relación con Carlos Ramón González.
Bustos subrayó que estas actuaciones superan las competencias de la Fiscal General y de la Fiscalía en su conjunto, lo que exige la intervención de autoridades judiciales competentes para procesar aforados. La organización ciudadana demanda claridad total sobre las posibles responsabilidades penales de altos funcionarios que habrían recibido beneficios de los procesados y que ahora, presuntamente, estarían intentando encubrir los hechos.
"Estamos ante un caso gravísimo de corrupción que defraudó la confianza pública, afectó directamente a comunidades vulnerables y convirtió el erario en un botín", concluyó el director de la Red de Veedurías.
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