Varias personas involucradas en el caso de la UNGRD han puesto en duda la objetividad e imparcialidad de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Una de ellas, es la misma Sandra Ortiz, quien ha expresado en diferentes escenarios que no cuenta con las garantías y derechos procesales por parte del ente acusador.
La otra persona que argumenta lo mismo es Pablo Bustos, abogado defensor de las víctimas en este proceso. El pasado 4 de mayo se conoció que Bustos recusó a Camargo. En el documento argumenta que la jefe de la Fiscalía tiene relación directa con implicados clave en un caso que afectará al Gobierno nacional. Específicamente se refiere al actual magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien fungió como secretario jurídico de la Casa de Nariño del actual Gobierno.
La fiscal respondió a la recusación el 13 de mayo en un documento de siete páginas, en el cual no aceptó la solicitud de Bustos. Uno de los argumentos para negarse a ser recusada es que las fiscales asignadas al caso “cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de sus funciones y adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, entre ellas María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
En el mencionado documento, la fiscal Camargo reitera que ella no tiene injerencia directa en el caso, como lo señala en este fragmento:
"En resumen, la suscrita no adelanta la referida investigación en contra de Ortiz Nova, por el contrario, se profirió resolución para que sean estas dos Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía que ya conocía del caso, quienes lleven a cabo las actividades investigativas y procesales en esos casos, de modo que, cualquier decisión, incluyendo la aplicación de mecanismos de terminación anticipada, forma parte de la órbita de autonomía de estos fiscales”.
¿Tiene injerencia o no Luz Adriana Camargo en este caso?
La resolución que da respuesta a Sandra Ortiz de una solicitud de protección para sus hijas sería la prueba que da cuenta de que la fiscal general sí tendría injerencia en el proceso de la exconsejera presidencial.
El documento en el que le niegan la protección a las hijas de la exconsejera lo firma Juana Marcela Cárdenas, jefe del departamento de protección y asistencia de la Fiscalía (e). En la tercera página, se cita a la fiscal de conocimiento con lo siguiente: “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica, fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.
El documento detalla las razones por las cuales, según la Fiscalía, Sandra Ortiz y su familia no cumplen con los requisitos para tener este esquema de protección, entre ellas que no tiene un “alto perfil de riesgo”. Lo revelador de la resolución, y que es el punto clave de la información que aquí se publica, es que la funcionaria dice que la exsenadora no cuenta todavía con un principio de oportunidad que debería aprobar Luz Adriana Camargo.
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