Tres exjefes paras y 29 miembros de AUC, condenados por 966 hechos criminales

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 32 exparamilitares, entre ellos a los entonces cabecillas alias ‘Ernesto Báez’, ‘Pablo Sevillano’ y ‘Julián Bolívar’, por 966 hechos criminales registrados entre los años 1999 y 2006. La noticia se conoce este sábado a través de una comunicación de la Fiscalía General en la que el ente acusador explica que la sentencia “permite conocer la verdad y los responsables de graves crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar de las desaparecidas autodefensas” en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda. Lea también: Las AUC fueron un mito; eran matones que no tenían mando unificado: Justicia y Paz Entre los crímenes atribuidos a la extinta estructura paramilitar se incluyen los siguientes hechos: -La masacre de Guadualito, en Puerto Asís (Putumayo), ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004. 8 personas fueron asesinadas, seis secuestradas y 21 familias desplazadas. -El desplazamiento masivo y quema del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar). 63 familias abandonaron la población porque fue incinerada el 22 de junio del año 2000. -La masacre y desplazamiento masivo de la vereda el Piñal, en Simití (Bolívar). El 7 de agosto de 1999, el BCB de las AUC asesinó a 6 personas y provocó la huida de 33 habitantes. -El desplazamiento masivo los Mandarinos, Simití (Bolívar). El 17 de octubre de 1999, fueron asesinadas 7 personas y 12 desplazadas. -El homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño. -La desaparición forzada y homicidio de la menor Nohelis Capacho, en Barrancabermeja (Santander). Crimen ocurrido 6 de abril de 2001. -Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, ocurrido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño). La condena impuesta a los señalados responsables del entonces Bloque Central Bolívar es de 8 años de cárcel, la máxima que permite la ley 975 de 2005.