El Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó al Consejo de Estado luego de los cuestionamientos realizados por el presidente Gustavo Petro y miembros del Gobierno nacional frente al fallo que ordenó la suspensión provisional del decreto que establecía el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
A través de un pronunciamiento, la corporación judicial aseguró que comparte la preocupación expresada previamente por el Consejo de Estado frente a los señalamientos hechos desde distintos escenarios públicos que, según indicó, podrían desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las adoptan.
El tribunal sostuvo que en una democracia el control judicial sobre las actuaciones del poder público constituye una garantía fundamental del Estado de Derecho.
“En una democracia sólida, el control judicial de los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y un mecanismo legítimo del equilibrio de poderes”, señaló el documento.
La corporación también reiteró que las providencias judiciales representan una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley.
“Las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial”, añadió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su pronunciamiento oficial.
El documento también incluyó un llamado a todas las autoridades públicas para que ejerzan sus intervenciones y declaraciones con responsabilidad y mesura, especialmente en temas relacionados con decisiones judiciales y debates institucionales.
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“El lenguaje utilizado desde los espacios de poder tiene la capacidad de construir confianza, fortalecer la convivencia y promover la paz, pero también puede profundizar la polarización y propiciar escenarios de intolerancia y violencia”, advirtió la corporación.