El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un fuerte enfrentamiento con distintas instituciones del Estado, esta vez por dos controversias que han elevado la tensión entre el Gobierno, la Fiscalía y las altas cortes: la negativa de suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y la decisión judicial que frenó el traslado de recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones.
Fiscalía negó levantar órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo
La primera disputa se originó tras la solicitud realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa organización criminal y solicitado en extradición por Estados Unidos.
La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió que su despacho revisó individualmente cada caso y decidió no levantar las órdenes de captura. Además, aclaró que las denominadas zonas de ubicación temporal no implican la suspensión automática de investigaciones penales ni autorizan a los integrantes de ese grupo armado a quedar sin requerimientos judiciales.
Desde Timbiquí, Cauca, el presidente Petro cuestionó públicamente la decisión y aseguró que las zonas de concentración son legales y dependen de la Presidencia de la República: “Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales, y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado también señaló que no fue consultado sobre el listado de personas incluidas en la solicitud para levantar las órdenes de captura, lo que fue interpretado como una desautorización pública al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
Nueva confrontación por el traslado de recursos a Colpensiones
La segunda controversia gira en torno a la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida fue frenada por el Consejo de Estado, decisión que generó fuertes críticas del presidente Petro.
En un discurso desde el Cauca, el mandatario acusó al presidente de Asofondos y cuestionó la decisión judicial.“El magistrado y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia. Como me corresponde por la ley”, aseguró Petro.
Las declaraciones provocaron respuestas inmediatas desde las altas cortes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió tramitar las diferencias institucionales dentro de los canales democráticos.
“Es normal que se puedan presentar, digamos, en un marco de diálogo institucional, algunas tensiones. Y bienvenida la diferencia y las críticas dentro de ese diálogo, pero lo que no es normal es que se agreda a una de las ramas del poder público o a la justicia”, manifestó Lenis.
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Por su parte, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo, advirtió sobre el impacto de los ataques contra las instituciones judiciales.“Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, eso va generando que se vaya minando la confianza”, afirmó la magistrada.
Gobierno impulsa “tutelatón” por traslado de afiliados
En medio de la controversia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, planteó la posibilidad de que los afiliados acudan masivamente a acciones de tutela para lograr el traslado de fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón”, señaló el funcionario.
El Consejo de Estado aclaró posteriormente que la suspensión del decreto no afecta el pago de las mesadas pensionales, luego de advertencias realizadas desde el Ejecutivo sobre eventuales riesgos para los pensionados.
Altas cortes y Registraduría alertan por ataques al proceso electoral
Las tensiones también alcanzaron el escenario electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió respaldo de magistrados y organismos de control frente a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.
El vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, alertó sobre discursos que podrían afectar la confianza ciudadana en las elecciones.“Las elecciones funcionan sin problema. El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces”, expresó el magistrado.
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A su vez, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, defendió la labor de la Registraduría y pidió prudencia frente a las críticas.
“Es válido tener dudas, lo que sí no me parece válido es sembrar dudas, desconfianza y presumir mala fe”, afirmó. Desde la Registraduría, el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que el software de escrutinio cuenta con garantías suficientes y mecanismos de control técnico para las elecciones que se aproximan.
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