Desde 1982 hay registros sobre casos de falsos positivos que se dieron en Dabeiba, Antioquia, delitos que se encontraban en total impunidad. El cementerio de Las Mercedes, en ese municipio, se convirtió en el lugar donde un grupo de militares escondieron a personas que eran asesinadas con el fin de ser presentadas como bajas en combate.
En algunos casos, hasta se presentaron episodios en los que hombres pertenecientes a distintos grupos ilegales se desmovilizaban y cuando se entregaban al Ejército eran asesinadas.
El sargento primero Jaime Coral explicó ante la JEP que en un caso llamó su coronel y le dijo que un “señor quería meterse al programa de desmovilización”,
“Él me dijo que pasara al interno, o cuando había señal del celular hablábamos por ahí porque era más seguro y ahí hablamos por el interno y le dije que el señor no tenía arma y él me dijo que no me preocupara, que lo diera de baja y allá hacían el informe", relató.
En otros casos, a los civiles los llevaban bajo engaños hasta Dabeiba, generalmente eran personas que por diferentes razones se encontraban en condición de vulnerabilidad, habitantes de calle o gente con dificultades económicas; ya cuando llegaban al municipio, bajo falsas promesas, eran ejecutados.
Según contó el sargento segundo William Capera, "todas las personas que dio la Brigada Móvil Número 11 eran de Medellín, de cerca del terminal, porque había mucho indigente en ese sector, consumidores de droga”.
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“Recuerdo la muerte de un señor porque fue el único que nos bendijo antes de morir. Se le arrodilló al soldado que lo iba a matar, se le arrodilló y empezó a orar y dijo que nos bendecía a pesar de lo que íbamos a hacer”, mencionó Capera.
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Y es que los cementerios de Ituango y Dabeiba jugaron un papel central, pues fue allí donde ocultaban a los civiles víctimas de desaparición forzada. El sargento viceprimero Fidel Ochoa contó que "el mayor hablaba directamente con el S3 de la Brigada, que era un coronel que estaba en Ituango, y se encargaba de las labores administrativas, allá llegaba el carro o la volqueta y ya los muertos iban envueltos en plástico".
Los militares, aunque conscientes de lo que hacían, afirmaron que actuaban también bajo temor y amenaza de los altos mandos, pues incluso se presentó el caso del subteniente Jesús Suárez, a quien le montaron todo un supuesto combate con la guerrilla para asesinarlo, por oponerse a los falsos positivos. Según la información recopilada por la JEP, esto fue un mensaje para quienes se opusieran a las ejecuciones extrajudiciales.
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Por estos hechos, la JEP imputó a 10 militares entre los que se encuentran tres coroneles y dos mayores, incluido además al excomandante de la Brigada 11 del Ejército coronel (r) Jorge Alberto Amor.
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