¿Ya no es la primera dama? El vacío legal que enreda los gastos de Verónica Alcocer
El abogado Juan Carlos Portilla argumenta que, si la sociedad conyugal con Petro se rompió por el paso del tiempo, Alcocer no podría fungir como primera dama.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El abogado y profesor Juan Carlos Portilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, por el presunto delito de estafa patrimonial en favor de terceros. Según explicó en Mañanas Blu 10:30 A.M., el fundamento es que existiría una separación de cuerpos superior a dos años, lo que, bajo jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, implicaría la disolución automática de la sociedad conyugal.
Portilla sostiene que el propio presidente Petro afirmó en la red social X que llevaba más de dos años separado de hecho. Sin embargo, en su Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Interés de 2024, aseguró bajo juramento que tenía cónyuge. “O mintió en X o mintió en su declaración oficial”, afirmó el denunciante.
El abogado argumenta que, si la sociedad conyugal se rompió por el paso del tiempo, Alcocer no podría fungir como primera dama ni recibir respaldo logístico financiado con recursos públicos. “Ha engañado a los colombianos haciéndose fungir como primera dama cuando ya no es cónyuge”, aseguró.
La denuncia inicial no se dirigió contra la Presidencia ni contra RTVC, sino directamente contra Alcocer. Portilla explicó que la Fiscalía no está obligada a notificar al presidente porque no es el investigado en este proceso.
El caso se amplió tras respuestas a derechos de petición enviados a Presidencia y a RTVC. Según Portilla, la entidad pública confirmó la existencia de siete contratos, entre 2022 y 2025, relacionados con servicios de logística, producción audiovisual, maquillaje y fotografía para el presidente, que en total suman cerca de 23.000 millones de pesos.
Dentro de esos contratos, afirma, estarían vinculados dos contratistas —Flores y Vélez— cuyos pagos podrían alcanzar cerca de 9.000 millones de pesos en cuatro vigencias fiscales. Para el denunciante, si esos recursos destinados al apoyo institucional del presidente fueron utilizados para acompañar a Alcocer en viajes y actividades, se configuraría un posible peculado por uso.