Defensoría pide que concentración de frente 33 no se convierta en ventaja para esa disidencia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la concentración de miembros del frente 33 de las disidencias de las FARC en zonas de ubicación temporal no puede traducirse en una ventaja militar para este grupo armado, especialmente en el marco del conflicto activo que mantiene con el ELN en el Catatumbo.En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, tras la escalada violenta que inició en enero en esta región del norte de Santander, se ha evidenciado un reacomodamiento del frente 33 desde marzo, lo cual ha intensificado las hostilidades en municipios como Tibú y El Tarra.“Si va a haber una zona de ubicación temporal donde se van a concentrar los hombres del Frente 33 mientras que continúan armados, este no es un hecho menor”, enfatizó Marín, al señalar que la protección que debe brindar la Fuerza Pública podría terminar favoreciendo a un solo actor armado en la disputa territorial.Violencia y uso de drones preocupan a la DefensoríaLos recientes ataques con drones explosivos en zonas rurales del Catatumbo han dejado víctimas civiles, incluidos menores de edad, y han agudizado las alarmas sobre el tipo de armamento y tácticas que están usando las disidencias.Uno de los casos más graves ocurrió en la vereda 20 de Julio de Tibú, donde un ataque con dron dejó un niño muerto y varios heridos. Aunque el Frente 33 emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, también responsabilizó indirectamente a la población al llamarla a “no servir de resguardo para otros grupos”.“En vez de asumir la responsabilidad, culpabiliza a la población civil. Ambos grupos estigmatizan a quienes viven en estos territorios, acusándolos de apoyar al contrario, lo que incrementa el riesgo y las agresiones”, subrayó la Defensora.Más allá del conflicto con el ELN, otro eje de preocupación para la Defensoría tiene que ver con la falta de verificación sobre los compromisos asumidos por el frente 33 tras la suspensión de operaciones militares que decretó el gobierno de forma unilateral.“Ahí no hay un cese bilateral. Lo que hay es una suspensión de operaciones por parte del Gobierno, pero sin que haya claridad por parte del Frente 33 sobre qué están dispuestos a cumplir”, advirtió Marín, quien además teme que esta medida genere un escenario de expansión y abusos por parte de los insurgentes.Según explicó, la presencia simultánea de miembros armados del frente 33 en escenarios de transformación territorial, compartidos con población civil, podría agudizar los riesgos de estigmatización y agresión, afectando de manera directa a líderes sociales y comunidades.¿Qué se espera del Gobierno?Este llamado de alerta se suma al complejo panorama de seguridad en Colombia, en el que también se han registrado acciones terroristas en Cali y otras regiones, mientras que el gobierno mantiene su política de “paz total”.Marín fue enfática en que la intención de la Fuerza Pública no es apoyar a ningún grupo armado, pero advirtió que las decisiones mal calibradas pueden tener consecuencias graves. “No creo que la Fuerza Pública tenga la intención de favorecer a un grupo armado, pero en la práctica, si se toma esta decisión sin los debidos controles, el Frente 33 terminará teniendo una ventaja frente al ELN”, dijo.

Defensoría pide que concentración de frente 33 no se convierta en ventaja para esa disidencia

Un niño murió en Tibú en un ataque con dron de esa disidencia; anoche tres personas fueron asesinadas en Ocaña.

Violencia y uso de drones preocupan a la Defensoría

¿Qué se espera del Gobierno?

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