La Procuraduría fue enfática y le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y al ministro de Ambiente ad hoc en el caso de Santurbán, Alberto Carrasquilla, que realice una evaluación técnica y objetiva sobre cómo se vería realmente afectado el ecosistema si se llega a realizar el proyecto de la multinacional árabe Minesa en cercanías del páramo de Santurbán.
“Un reporte de la planificación dispuesta para activar esta instancia en desarrollo del trámite del licenciamiento del proyecto minero y la importancia de hacer una evaluación técnica diligente que contemple ‘las conexiones funcionales de las áreas de especial valor ambiental’”.
Para el Ministerio Público “es necesario invitar a las sesiones del consejo técnico a académicos, expertos y organizaciones nacionales e independientes, ‘cuyo perfil debe responder a la especialidad del tema para así someter a consideración de estos actores especializados las diversas materias del proyecto’”.
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A esa cadena de peticiones entró también la de los ambientalistas, quienes le pidieron a la Procuraduría que haga seguimiento y vigile las actuaciones de los funcionarios que tienen relación con Minesa y el caso de Santurbán.
“Que la Procuraduría haga seguimiento y vigile la conducta oficial de todos los funcionarios que tienen que ver con este proceso de licenciamiento”, dijo Erwing Rodríguez – Salah, miembro del Comité por la Defensa de Santurbán.
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