Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Fue radicado ante el Congreso el proyecto de Ley del Régimen de Supervisión y Sanciones del transporte terrestre, una iniciativa del Gobierno nacional que busca modernizar las reglas del sector, acelerar los procesos sancionatorios y fortalecer el control sobre las empresas transportadoras, especialmente las intermunicipales, sin trasladar mayores cargas económicas a los usuarios.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el proyecto responde a la necesidad de actualizar un marco normativo que, en muchos casos, tiene entre 15 y 40 años de antigüedad. Según señaló, el Gobierno ha avanzado cerca del 100 % en los compromisos adquiridos con el sector y considera prioritario contar con reglas acordes con la realidad actual del transporte, enfocadas en la protección de la vida, la seguridad vial y la calidad del servicio. La funcionaria indicó que una supervisión más eficiente permite reducir siniestros, garantizar que las empresas cuiden sus vehículos y condiciones operativas, y asegurar que los conductores y usuarios viajen en condiciones seguras.
Desde la Superintendencia de Transporte se precisó que uno de los cambios centrales del proyecto es la reducción de los tiempos para abrir investigaciones. Actualmente, bajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cepaca), las autoridades tienen hasta tres años para iniciar un proceso sancionatorio. Con la nueva ley, estos plazos se acortarían, permitiendo una respuesta más rápida frente a las infracciones.
El proyecto también plantea ajustes en el esquema de multas. Hoy, las sanciones oscilan entre 1 y 700 salarios mínimos legales mensuales, es decir, entre aproximadamente 2 millones y 1.400 millones de pesos por infracción. En casos de reincidencia, las multas pueden acumularse y alcanzar cifras cercanas a los 7.000 millones de pesos, lo que en la realidad podría llevar a la liquidación de una empresa. La propuesta introduce una dosificación de las sanciones, buscando proporcionalidad y criterios en todas las áreas que la Superintendencia vigila: aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y férreo.
El anuncio se da en medio de investigaciones por incrementos irregulares en las tarifas del transporte intermunicipal. Tras denuncias ciudadanas, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia identificaron que, de las 519 empresas intermunicipales del país, 376 presuntamente no cumplían al menos uno de los requisitos legales para aumentar sus tarifas. Por estos hallazgos, se abrieron investigaciones a más de 300 empresas, algunas de las cuales habrían aplicado alzas de hasta el 300 %.
Según las autoridades, estos aumentos impactaron directamente a los usuarios, especialmente en zonas rurales y municipios intermedios, donde algunos pasajeros pasaron de pagar 20.000 pesos a tarifas de 60.000 pesos por trayecto. El Gobierno advirtió que este tipo de prácticas generan sobrecostos injustificados y afectan el derecho a la movilidad.
El proyecto de ley también contempla mejoras en sistemas de control como el SICETAC y un fortalecimiento del trabajo conjunto entre la Superintendencia, la Policía de Tránsito, los terminales de transporte y las autoridades regionales. De ser aprobado por el Congreso, el nuevo régimen permitiría una supervisión más efectiva del servicio y mayor protección para los usuarios del transporte terrestre en todo el país.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.