El anuncio de una eventual Ley de Amnistía en Venezuela volvió a poner en el centro del debate la situación de los presos políticos y el estado de los derechos humanos en el país. Así lo señaló Óscar Murillo, director de Provea, durante una entrevista concedida al programa Recap Blu, en la que analizó el alcance político y social de la medida anunciada por el régimen venezolano.
Murillo explicó que el anuncio debe leerse en un contexto específico y respondió a una exigencia sostenida de la sociedad civil. “Este anuncio de hoy tiene una lectura política que es entenderlo en el momento, en el contexto en que está ocurriendo después de los hechos del 3 de enero”, afirmó, al tiempo que recordó que la principal demanda ciudadana ha sido la liberación incondicional de las personas detenidas arbitrariamente.
Más de 700 presos políticos en Venezuela
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el director de Provea fue enfático al advertir que la magnitud de la represión no tiene precedentes recientes. “Lo que ocurrió en materia de represión política en el año 2024-2025 rompe todos los récords de represión de la historia contemporánea venezolana”, señaló, comparándolo incluso con episodios como el Caracazo de 1989.
Murillo precisó que actualmente “hay más de 700 personas detenidas por razones políticas en el país” y aclaró que una amnistía no debe interpretarse como un acto de clemencia estatal. “El anuncio de una amnistía no debe ser concebido bajo ningún concepto como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, sostuvo, recordando que estas detenciones se produjeron por el ejercicio de derechos constitucionales.
Excarcelaciones y caso Eduardo Torres
El director de Provea consideró que la liberación de los detenidos no debería supeditarse a la aprobación de la ley. “La liberación de las personas que están en este momento en zona 7, Yare, Tocorón, Topullito, El Helicoide y El Rodeo I no deben esperar la aprobación de la Ley de Amnistía”, afirmó.
En ese contexto, confirmó una excarcelación puntual: “En este momento está recobrando la libertad el abogado Eduardo Torres, abogado de Provea, que fue detenido el 9 de mayo y estuvo más de cuatro meses incomunicado”.
El Helicoide y la memoria
Sobre el anuncio de cerrar El Helicoide, Murillo reconoció su valor simbólico. “El Helicoide se convirtió en un ícono, en un símbolo de la represión, del horror y del dolor causado a los venezolanos”, afirmó, y añadió que el cierre debe traducirse en hechos concretos: “La reconciliación no es solo de palabra, la reconciliación es de pasos concretos”.
Finalmente, insistió en que el proceso debe evitar la impunidad y garantizar la no repetición. “No puede haber impunidad, tiene que haber responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos”, concluyó, subrayando que la prioridad debe ser el rescate de la democracia y la reinstitucionalización del país.
Escuche la entrevista completa acá: