Cabo Verde extraditó este sábado, 16 de octubre, a Estados Unidos al empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmaron a Efe fuentes del Gobierno caboverdiano.
Las fuentes señalaron que Saab, que llevaba detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 y era reclamado por supuesto blanqueo de dinero, abandonó hoy el país a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos.
El barranquillero deberá enfrentar cargos de lavado de activos por más de 300 millones de dólares, según la acusación que reposa en una corte del estado de la Florida.
Saab durante varios años mantuvo contratos con el Gobierno de Venezuela, tanto con Hugo Chávez, como con Nicolás Maduro. El programa de alimentación CLAP fue el acuerdo más conocido entre el país vecino con el empresario colombiano, el cual consiste en la entrega de mercados a las familias más vulnerables.
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Según la investigación en el marco del proceso judicial en Estados Unidos, se determinó que tanto Saab como otros de sus socios, lograron hacerse con grandes sumas de dinero gracias a este contrato.
Tras un año y 4 meses de su captura, Álex Saab es trasladado a Norteamérica en un jet del Departamento de Justicia.
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Queda esperar si el empresario contará detalles de su relación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien aseguró que jamás traicionaría en declaraciones realizadas meses atrás.
Según revelaron las citadas fuentes a Efe, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que consideró constitucional la extradición del colombiano el pasado 7 de septiembre, hizo llegar este jueves, 14 de octubre, a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la extradición se hiciera efectiva.
Asimismo, en una carta enviada por el Ministerio de Justicia caboverdiano y datada también el jueves a la que ha tenido acceso Efe, el Gobierno comunicó a la embajada de Estados Unidos en el país africano la ejecución de la entrega de Saab y solicitó información sobre el medio de transporte, la fecha y la hora en la que este iba a ser trasladado.
La extradición pone fin a un largo periplo judicial que ha durado más de un año, desde que el empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal.
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El arresto respondía a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa ha alegado que esa alerta se emitió después de la detención y por ello interpuso un recurso contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto.
Sin embargo, este y todos los otros intentos legales de los letrados de Saab para detener su entrega han resultado fallidos ante la justicia caboverdiana.
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Así, con su veredicto del 7 de septiembre, el TC dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, además de al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab.
La justicia del país africano tampoco escuchó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) -bloque de países al que pertenece Cabo Verde- cuando dictaminó el pasado diciembre que se le debía conceder acceso sin restricciones a médicos especialistas de su elección, ni al Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando en junio hizo la misma solicitud.
Tras su detención, Venezuela aseguró que el empresario es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados han sostenido que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
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Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.
El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares", según las autoridades estadounidenses.
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