El Gobierno argentino del presidente Javier Milei declaró este jueves organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, de México, y en Colombia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada este jueves en el Boletín Oficial, también incluye a otras dos organizaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.
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El Gobierno también dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.
Según la norma, basada en informes reservados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estas organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas generan riesgos para "la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación".
La Oficina del Presidente publicó el pasado miércoles un comunicado firmado por Milei en el que adelantó la medida.
En la comunicación oficial definió al Cártel de Sinaloa como una "organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas" y afirmó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían designado como organización terrorista.
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Sobre La Nueva Familia Michoacana, el comunicado señaló que se especializa en "el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal", mientras que describió a Los Tiguerones como un grupo dedicado al "narcotráfico y sicariato", y como una de las organizaciones "más violentas de la región".
Respecto de las FARC-EP y el ELN, la Presidencia las definió como "organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda".
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La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto ya había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.