La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció la muerte de Edison José Torres Fernández, de 52 años, ocurrida en la noche del 10 de enero de 2026, mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, Zona 7.
Según la organización, Torres Fernández falleció 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones realizado por el régimen venezolano, una medida que —aseguran— pudo haber evitado esta muerte.
Edison Torres era funcionario activo de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 tras compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado en redes sociales.
De manera extraoficial, se le habrían imputado los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
La ONG denuncia que falleció sin que se conozca información pública sobre atención médica oportuna, lo que —afirman— hace responsable directamente al Estado venezolano por su vida e integridad.
Abner Mejías, exiliado venezolano y amigo cercano de la familia del funcionario fallecido, le confirmó a Blu Radio el deceso de Torres Fernández.
“Nos informan que Edinson murió producto de un derrame. No sabemos qué causó este derrame”, afirmó Mejías, subrayando la ausencia de una explicación clara. Según relató, la hermana del funcionario, Emelin Torres, viajó este 11 de enero a Caracas para retirar el cuerpo, en medio de un proceso marcado por la incertidumbre.
Mejías también destacó el impacto familiar que deja la muerte del policía. Edison José Torres Fernández deja dos hijos huérfanos y, según su amigo, no contaba con más familiares cercanos. “Murió sobre las 9 de la noche del sábado”, señaló, insistiendo en que la familia sigue sin respuestas sobre lo ocurrido dentro de la sede policial.
Ante este hecho, Un Mundo Sin Mordaza exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos.
La organización advierte que no puede morir nadie más bajo custodia del Estado y recuerda que la vida de las personas detenidas es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen privadas de la libertad.