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El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) "se implique" en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la inacción del Estado.
"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia", afirmó Zeid en un comunicado.
La Oficina de Alto Comisionado publicó su segundo informe a distancia sobre la situación en Venezuela en el que se denuncian cientos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.
Este informe sale después de la publicación de un primer informe del Alto comisionado, publicado en agosto de 2017, que denunciaba ya "el recurso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos".
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El uso de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratamientos continúan, según el Alto Comisionado, quien subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades del Estado comenzó en 2014.
Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país a los expertos de la ONU, Zeid encargó un equipo de especialistas de derechos humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus familias, así como testigos, periodistas, abogados y médicos.
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En conclusión, "teniendo en cuenta la magnitud y el alcance de las violaciones", el informe considera que los "Estados miembros del Consejo de derechos humanos deben crear una comisión de investigación internacional".
"Dado que el Estado no parece ni capaz ni dispuesto a procesar a los autores de las violaciones graves de derechos humanos, hay sólidas razones para pedir un compromiso creciente de la Corte Penal Internacional", subrayó el Alto comisionado.
Según el informe, continúan aplicándose los métodos para "intimidar y reprimir a la oposición política o cualquier persona percibida como amenaza para el gobierno" y "las detenciones se han vuelto más selectivas que durante el periodo de las manifestaciones", y son en contra activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas.
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Al menos 12.320 personas fueron detenidas en el país entre enero de 2014 y abril de 2018, y más de 7.000 fueron liberadas con la condición de respetar ciertas medidas que les limitan sus libertades, subrayó el informe, que utiliza elementos comunicados por representantes de la sociedad civil.
Al menos 570 personas, entre ellos 35 niños, fueron detenidas desde agosto pasado.
El presidente Maduro, en el poder desde 2013, fue reelegido recientemente hasta 2025 luego de elecciones muy criticadas en el extranjero.
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