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El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, condenó el martes a la pena de muerte a una pareja por haber matado y despedazado a un niño de siete años, hijo del marido y de su exesposa .
Los dos esposos fueron acusados por "homicidio voluntario con premeditación", por el uso de "actos de barbarie contra familiares descendientes", y por "mutilación del cadáver", según informó la agencia oficial MAP.
La pareja ha sido también condenada a pagar una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) a la familia de la víctima.
El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre cuando se encontraron restos del cadáver de un niño en un vertedero de Larache (norte del país), y las investigaciones llevaron al domicilio familiar de la víctima, donde aparecieron otras partes del cadáver escondidas dentro del frigorífico.
Las investigaciones revelaron entonces que el padre del niño y su actual pareja decidieron estrangularlo y despedazarlo en su casa, tras sucesivas disputas con la madre del niño por el pago de la pensión familiar.
El caso originó entonces una enorme conmoción social.
La condena se produce en un momento de indignación social por otro suceso terrible: el secuestro, violación sexual y asesinato del niño de Adnan (de once años) por un vecino en Tánger que lo enterró cerca de su casa.
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Este caso y otros parecidos resucitaron las reclamaciones para aplicar la pena de muerte a pederastas e infanticidas.
Una encuesta realizada en julio de 2018 por el centro de investigaciones sociológico "Sinergia" demostró que el 44 % de los ciudadanos marroquíes se muestra a favor de aplicar la pena capital en los casos de pederastia, y el 18 % reclaman una condena a perpetuidad.
La sentencia a muerte suele dictarse en Marruecos en sucesos que crean gran alarma social, como los infanticidios o el terrorismo, pero el país aplica una moratoria (no declarada) sobre la pena máxima desde 1994, fecha en que tuvo lugar la última ejecución.
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Existe un movimiento abolicionista apoyado sobre todo por partidos laicos y organismos pro derechos humanos, pero los islamistas y los partidos conservadores se niegan a retirar la pena capital de la legislación marroquí.
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