En una resolución que ha causado gran revuelo y generado diversas reacciones, la Audiencia Provincial de Valencia, en España,, absolvió a una mujer de 36 años acusada de asesinar a su bebé de un año y luego lanzarse desde la azotea de su edificio en Vilamarxant. La absolución se fundamenta en la valoración de que la acusada sufría un cuadro psicótico en el momento de los hechos, específicamente una psicosis postparto. Este artículo ofrece un análisis detallado de la sentencia, los hechos probados y las implicaciones jurídicas de esta resolución.Los hechos: esto pasó en VilamarxantEl 27 de febrero de 2023, la acusada, que residía en Vilamarxant, se encontraba sola en su hogar con su bebé cuando, según el fallo, acabó con la vida del pequeño. El informe judicial detalla que la mujer utilizó un cuchillo para herir al niño en el cuello, el tórax y la muñeca derecha. Después de cometer el crimen, la acusada se lanzó desde la azotea del edificio y resultó gravemente herida.La Sección Primera de la Audiencia de Valencia dictó la sentencia absolutoria tras considerar que la procesada no estaba en plena posesión de sus facultades cognitivas y volitivas durante el acto criminal debido a su estado mental deteriorado. Este diagnóstico de psicosis postparto ha sido clave en la resolución del caso.La sentencia y el estado mental de la mujerLa sentencia absolutoria se basa en la consideración de que la acusada padecía una alteración mental grave al momento de los hechos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha destacado que la mujer sufrió un cuadro psicopatológico que anuló su capacidad de actuar con conciencia plena. Esta evaluación ha sido respaldada por el escrito conjunto de conclusiones presentado por la Fiscalía y la defensa, que fue aceptado por la propia acusada.La sentencia establece que, debido a este diagnóstico, el delito de asesinato no puede ser imputado bajo las circunstancias normales. La ley española prevé la eximente completa de responsabilidad penal para aquellos que actúan bajo una alteración mental que les impide comprender la ilicitud de sus actos.Aunque la absolución ha sido total en términos penales, el tribunal impuso una medida de seguridad para garantizar el bienestar de la acusada y de la sociedad. La mujer será sometida a libertad vigilada con la obligación de someterse a tratamiento médico externo forzoso durante un plazo máximo de cinco años. Esta medida tiene como objetivo proporcionar la atención psiquiátrica necesaria y prevenir cualquier posible riesgo para la comunidad.En el siguiente video, medios españoles recogen el hecho, ocurrio hace un año:
La afirmación de que "cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en el 2022", hecha por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), revela, según especialistas, la "profunda desprotección" de la infancia, afectada por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos.Los infanticidios, definidos como la "acción de dar muerte a niños de corta edad", se multiplicaron en Venezuela en los últimos años, según reflejan las informaciones puntuales de instituciones del Estado, que sirven de ayuda para ONG que hacen seguimiento, que también se apoyan en datos publicados por medios locales, pues no hay cifras globales oficiales al respecto.Según Cepaz, una de las pocas organizaciones que siguen este tipo de crímenes, en 2022, se registraron 37 feminicidios de niñas, 22 de ellas menores de cinco años de edad.El coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, plantea la escasa información como una de las dificultades para la atender y prevenir agresiones a niños, y explica que cuando no hay cifras oficiales, existe "debilidad institucional para dar respuesta"."Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia", explicó Trapani a EFE.VIOLENCIA SIN PREVENCIÓNEn junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor."El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (...) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó", contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.Rachel aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría, y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer por el que murió un mes después de conocer del asesinato.El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio "rápido", pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la "intervención oportuna desde la prevención" para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos."La familia está muy a la deriva, la escuela está muy debilitada, la sociedad está tratando de resolver su cotidianidad y no hemos tenido una mirada centrada en el niño, y mientras eso no cambie los contextos de violencia van a seguir incrementándose", afirmó.A CIEGASLa falta de cifras sobre el número de niños asesinados ha obligado a organizaciones como Cecodap a hacer su propia data.Según esta ONG, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por "violencia doméstica".Pese a estos datos, Trapani explicó que el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez."No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia", dijo.Agregó que "la ausencia de programas y servicios" de atención terapéutica y psicosocial, dirigidos a acompañar a sobrevivientes de agresiones y a las familias a afrontar hechos violentos, es otra debilidad que concluye en que "los niños que son víctimas de violencia están profundamente a la deriva".Organizaciones especializadas advierten que las respuestas deben ser estructurales y apuntar no solo a atender a las víctimas, sino a educar sobre la denuncia, a devolver la confianza en las instituciones y a promover la cultura de la prevención.
Luego de la amenaza del Bloque Águilas Negras a los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación, las altas cortes le piden a las autoridades de seguridad del Estado a reforzar su protección.En el pronunciamiento dice que su decisión está sometida a un sistema de mayorías que ejerce este mandato frente a providencias que deben ser acatadas, tanto como por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad.La amenaza contra los magistrados es clara: “revoquen la orden de asesinar niños a los 6 meses o aplicaremos el objetivo militar”.Por lo que frente a estos ataques que han recibido los magistrados de la Corte Constitucional: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alberto Rojas Ríos y el conjuez Julio Andrés Ossa, vía correo por el Bloque de las Águilas Negras, en la que tildaron de infanticidio la decisión de despenalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación; las altas cortes le piden a las fuerzas de seguridad del Estado, reforzar la protección de los magistrados de la Corte Constitucional y garantizar su vida e integridad personal.Escuche el Podcast Cómo Como:
El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, condenó el martes a la pena de muerte a una pareja por haber matado y despedazado a un niño de siete años, hijo del marido y de su exesposa .Los dos esposos fueron acusados por "homicidio voluntario con premeditación", por el uso de "actos de barbarie contra familiares descendientes", y por "mutilación del cadáver", según informó la agencia oficial MAP.La pareja ha sido también condenada a pagar una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) a la familia de la víctima.El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre cuando se encontraron restos del cadáver de un niño en un vertedero de Larache (norte del país), y las investigaciones llevaron al domicilio familiar de la víctima, donde aparecieron otras partes del cadáver escondidas dentro del frigorífico.Las investigaciones revelaron entonces que el padre del niño y su actual pareja decidieron estrangularlo y despedazarlo en su casa, tras sucesivas disputas con la madre del niño por el pago de la pensión familiar.El caso originó entonces una enorme conmoción social.La condena se produce en un momento de indignación social por otro suceso terrible: el secuestro, violación sexual y asesinato del niño de Adnan (de once años) por un vecino en Tánger que lo enterró cerca de su casa.Este caso y otros parecidos resucitaron las reclamaciones para aplicar la pena de muerte a pederastas e infanticidas.Una encuesta realizada en julio de 2018 por el centro de investigaciones sociológico "Sinergia" demostró que el 44 % de los ciudadanos marroquíes se muestra a favor de aplicar la pena capital en los casos de pederastia, y el 18 % reclaman una condena a perpetuidad.La sentencia a muerte suele dictarse en Marruecos en sucesos que crean gran alarma social, como los infanticidios o el terrorismo, pero el país aplica una moratoria (no declarada) sobre la pena máxima desde 1994, fecha en que tuvo lugar la última ejecución.Existe un movimiento abolicionista apoyado sobre todo por partidos laicos y organismos pro derechos humanos, pero los islamistas y los partidos conservadores se niegan a retirar la pena capital de la legislación marroquí.
Desde un evento académico en Medellín, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva alertó sobre los riesgos de realizar procedimientos estéticos en centros no autorizados o por personas que no cuentan con la formación y competencias necesarias.La advertencia se da mientras se siguen registrando casos como el de Bogotá, donde recientemente fueron capturadas dos personas que presuntamente se hacían pasar por médicos y ofrecían procedimientos estéticos, afectando a más de 200 personas.Para regular esta actividad, el gremio que reúne a 1.100 profesionales de esa material (100 de ellos en Antioquia) impulsa un proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso de la República y que busca, según Damaris Romero, presidenta de la sociedad, establecer que estas intervenciones deben ser realizadas por profesionales con formación formal y competencias específicas, además de garantizar que los pacientes sean atendidos en instituciones debidamente habilitadas por las autoridades de salud."Yo siento que están faltando regulación y que la gente denuncie, hay que denunciar. Es que, si usted ve un lugar que no está habilitado por el ente territorial y están desarrollando procedimientos de cirugía plástica estética o procedimientos médicos, debe ser denunciado", manifestó la presidenta.El proyecto también plantea fortalecer el consentimiento informado, para que los pacientes conozcan antes de una cirugía los riesgos y posibles complicaciones, y propone crear un registro único nacional de complicaciones que permita identificar estos eventos y adoptar medidas para reducirlos. La propuesta contempla, además, sanciones para quienes ejerzan ilegalmente la especialidad.Según Romero, uno de los procedimientos que más preocupa al gremio es la liposucción, debido a que cuando es realizada por personas sin las competencias requeridas puede desencadenar en complicaciones graves o ser mortales."Los procedimientos de liposucción, porque es el procedimiento que, de pronto, se presta a que personas que no tienen la competencia lo estén realizando y que está llevando a eventos catastróficos como la muerte. También es muy importante mencionar aquí la aplicación de sustancias que no son aptas para aplicar en el ser humano, como son los biopolímeros", indicó Romero.La presidenta de la sociedad recomendó a los pacientes verificar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) que el profesional esté registrado como cirujano plástico y confirmar que la institución donde se realizará el procedimiento esté debidamente habilitada.A propósito, el más reciente informe de la Seccional de Salud de Antioquia señala que de 70 centros estéticos inspeccionados este año, el 64,5 % correspondía a instituciones que no contaban con inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), 17 fueron cerrados, e incluso se advirtió que algunos de estos establecimientos objeto de inspección, ya no se encontraban prestando sus servicios en los puntos físicos identificados, sino en viviendas, lo que sigue despertando preocupación del gremio médico.
La revisión de las condiciones ambientales en el predio donde opera la Fundación Botellas de Amor, en zona rural del municipio Rionegro, llevó a las autoridades ambientales a imponer medidas preventivas para evitar emergencias como el incendio del pasado 4 de septiembre que afectó cerca del 70% de sus instalaciones afectadas.Durante una visita de control, profesionales de Cornare encontraron residuos almacenados a cielo abierto que no corresponden al plástico reciclado que constituye la actividad de la fundación.Entre los materiales identificados había latas, pinturas, filtros de aire y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, elementos que requieren tratamientos específicos y cuyo almacenamiento inadecuado, según Javier Valencia, director de la entidad, puede aumentar los impactos ambientales y el riesgo ante una situación similar.Por estos hallazgos, la autoridad ambiental impuso una medida preventiva en flagrancia y ordenó suspender la acumulación y disposición de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables dentro del predio."Hay una mala disposición del material. Entonces, impone esa medida preventiva de suspensión, teniendo en cuenta también que se afectó el recurso bosque con algunos individuos arbóreos, y la calidad del aire, además, se vio afectada en el momento en que se presentaron estos episodios", aseguró Valencia.Tras la medida de Cornare, la fundación deberá separar los materiales distintos al plástico y garantizar que cada uno sea entregado para su manejo y disposición final conforme a las condiciones establecidas.Según estimaciones de la propia fundación, en el lugar había unas 7.000 toneladas de residuos en el momento del incendio, aunque aún no se ha determinado con exactitud la cantidad que fue afectada por las llamas.
Colombia tendrá un nuevo Censo Nacional Agropecuario en 2028, según anunció el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, luego de una reunión con el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia.El propósito del Gobierno es actualizar la información disponible sobre el sector rural colombiano y contar con una radiografía más precisa de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el territorio nacional.La iniciativa no es nueva. En junio del año pasado, durante el anterior gobierno, el Ministerio de Agricultura ya había informado sobre la planeación técnica de un nuevo censo. Ahora, la cartera y el DANE retomaron la articulación para avanzar en su organización, con miras a que el ejercicio se lleve a cabo en 2028.El último Censo Nacional Agropecuario se realizó en 2014 y sus resultados definitivos fueron entregados por el DANE entre 2015 y 2016. Es decir, buena parte de la información estructural con la que se ha caracterizado al campo colombiano tiene alrededor de una década de antigüedad.Para el Ministerio de Agricultura, actualizar estas cifras es fundamental para conocer cómo ha cambiado el campo colombiano y mejorar las decisiones relacionadas con política pública.El ministro Indalecio Dangond explicó que el nuevo ejercicio debe permitir obtener información de mayor calidad y oportunidad, que pueda ser utilizada tanto por las entidades estatales como por los diferentes gremios y actores de la producción agropecuaria.Según el jefe de cartera, durante la preparación del censo también se revisarán los mecanismos que actualmente existen para recopilar información del sector. Entre ellos están los registros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), particularmente los relacionados con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, conocidas como EVA.La intención es que estos mecanismos de información puedan articularse con el nuevo censo y permitan mejorar el conocimiento sobre los diferentes subsectores de la producción agrícola y pecuaria.La coordinación de los trabajos preparatorios quedó en manos del viceministro de Agricultura, Arturo Dajud, quien tendrá la responsabilidad de avanzar en la organización de los diferentes componentes necesarios para desarrollar el censo.La tarea deberá incluir la articulación entre el Ministerio de Agricultura y el DANE, así como la revisión de las fuentes de información que actualmente existen sobre el sector rural.“Estamos mirando cómo organizamos un nuevo censo agropecuario para arrancar en 2028”, señaló el ministro, quien insistió en la necesidad de actualizar las cifras para mejorar las decisiones de política pública.El jefe de la cartera agregó que la información no debería estar destinada únicamente al Gobierno, sino también a los gremios de la producción agropecuaria, que requieren datos confiables para analizar la realidad del sector y orientar sus decisiones.
Recientemente se anunció que Medellín será, por primera vez, sede del UCI Gran Fondo World Series, uno de los circuitos internacionales de ciclismo aficionado de la Unión Ciclística Internacional.La jornada principal se cumplirá el domingo 29 de noviembre, con la participación estimada de unos 2.500 ciclistas: alrededor de 2.000 nacionales y 500 provenientes del exterior. Según la Alcaldía de Medellín, se espera la llegada de deportistas y acompañantes de cerca de 20 países.Uno de los principales atractivos de la competencia será que servirá como clasificatorio oficial para representar a Colombia en el Súper Campeonato Mundial de Ciclismo de Francia 2027, lo que permitirá a los participantes buscar un cupo para esta cita internacional.Sobre el recorrido que tendrá el tramo más importante y es el Gran Fondo, esto explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez."El Gran Fondo vamos a hacer lo que se llama la vuelta al marrano, yendo a Don Matías, a San Pedro, sube todo este tema de la Loma de Matasanos, y luego llega usted hasta Don Matías y vuelve hasta Medellín. Esos son 138 kilómetros", aseguró el mandatario.Además del impacto deportivo, la Administración Distrital proyecta una importante derrama económica con alrededor de 4 millones de dólares de ganancias durante tres días, principalmente por el movimiento asociado al turismo, la hotelería y la gastronomía.La programación comenzará el 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor, donde se desarrollará una feria comercial y se entregarán los kits oficiales a los corredores. El domingo 29 se realizarán dos recorridos: uno principal de 120 kilómetros y otro de 80 kilómetros.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la imputación de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y de Sebastián Ortega, hijo de un reconocido político paisa, tras la audiencia en el que se le responsabilizó directamente dentro de una investigación por presunta corrupción relacionada con contratos del Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí.Gutiérrez aseguró que la imputación confirma las denuncias sobre un supuesto entramado de corrupción que habría afectado a Medellín y a varias entidades públicas. Según reveló la Fiscalía durante la audiencia, el hermano del exalcalde Daniel Quintero habría cobrado inicialmente el 20 % de algunos contratos y posteriormente habría reducido ese porcentaje al 15 %, pero además presuntamente este hecho se relaciona con otra investigación de la empresa Ecopetrol."Oiga, y cobraba el 20 %, y que después les hizo dizque un descuentico del 15 %. Bandido, sinvergüenzas. Daniel Quintero está imputado y está en etapa de juicio por corrupción, y ayer imputaron a uno de sus socios, que es Sebastián Ortega, que ese hilo y esa pitica hay que irla jalando, y van a ver cómo va a ir llegando hasta el escándalo también de Ecopetrol", mencionó el mandatario.La audiencia continuará el próximo lunes, cuando la Fiscalía solicitaría una medida de aseguramiento contra Miguel Quintero. El mandatario manifestó que espera que la justicia avance y que los responsables respondan por los hechos investigados, agregando que con las nuevas imputaciones, serían 57 las personas vinculadas a la anterior administración de la ciudad.Añadió que ya existen capturas, procesos de extinción de dominio y cuatro principios de oportunidad concedidos a testigos que estarían colaborando con la Fiscalía, a la par que reiteró que entregó al FBI información relacionada con el supuesto traslado de recursos hacia Panamá y Estados Unidos.
