En una resolución que ha causado gran revuelo y generado diversas reacciones, la Audiencia Provincial de Valencia, en España,, absolvió a una mujer de 36 años acusada de asesinar a su bebé de un año y luego lanzarse desde la azotea de su edificio en Vilamarxant. La absolución se fundamenta en la valoración de que la acusada sufría un cuadro psicótico en el momento de los hechos, específicamente una psicosis postparto. Este artículo ofrece un análisis detallado de la sentencia, los hechos probados y las implicaciones jurídicas de esta resolución.Los hechos: esto pasó en VilamarxantEl 27 de febrero de 2023, la acusada, que residía en Vilamarxant, se encontraba sola en su hogar con su bebé cuando, según el fallo, acabó con la vida del pequeño. El informe judicial detalla que la mujer utilizó un cuchillo para herir al niño en el cuello, el tórax y la muñeca derecha. Después de cometer el crimen, la acusada se lanzó desde la azotea del edificio y resultó gravemente herida.La Sección Primera de la Audiencia de Valencia dictó la sentencia absolutoria tras considerar que la procesada no estaba en plena posesión de sus facultades cognitivas y volitivas durante el acto criminal debido a su estado mental deteriorado. Este diagnóstico de psicosis postparto ha sido clave en la resolución del caso.La sentencia y el estado mental de la mujerLa sentencia absolutoria se basa en la consideración de que la acusada padecía una alteración mental grave al momento de los hechos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha destacado que la mujer sufrió un cuadro psicopatológico que anuló su capacidad de actuar con conciencia plena. Esta evaluación ha sido respaldada por el escrito conjunto de conclusiones presentado por la Fiscalía y la defensa, que fue aceptado por la propia acusada.La sentencia establece que, debido a este diagnóstico, el delito de asesinato no puede ser imputado bajo las circunstancias normales. La ley española prevé la eximente completa de responsabilidad penal para aquellos que actúan bajo una alteración mental que les impide comprender la ilicitud de sus actos.Aunque la absolución ha sido total en términos penales, el tribunal impuso una medida de seguridad para garantizar el bienestar de la acusada y de la sociedad. La mujer será sometida a libertad vigilada con la obligación de someterse a tratamiento médico externo forzoso durante un plazo máximo de cinco años. Esta medida tiene como objetivo proporcionar la atención psiquiátrica necesaria y prevenir cualquier posible riesgo para la comunidad.En el siguiente video, medios españoles recogen el hecho, ocurrio hace un año:
La afirmación de que "cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en el 2022", hecha por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), revela, según especialistas, la "profunda desprotección" de la infancia, afectada por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos.Los infanticidios, definidos como la "acción de dar muerte a niños de corta edad", se multiplicaron en Venezuela en los últimos años, según reflejan las informaciones puntuales de instituciones del Estado, que sirven de ayuda para ONG que hacen seguimiento, que también se apoyan en datos publicados por medios locales, pues no hay cifras globales oficiales al respecto.Según Cepaz, una de las pocas organizaciones que siguen este tipo de crímenes, en 2022, se registraron 37 feminicidios de niñas, 22 de ellas menores de cinco años de edad.El coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, plantea la escasa información como una de las dificultades para la atender y prevenir agresiones a niños, y explica que cuando no hay cifras oficiales, existe "debilidad institucional para dar respuesta"."Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia", explicó Trapani a EFE.VIOLENCIA SIN PREVENCIÓNEn junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor."El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (...) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó", contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.Rachel aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría, y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer por el que murió un mes después de conocer del asesinato.El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio "rápido", pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la "intervención oportuna desde la prevención" para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos."La familia está muy a la deriva, la escuela está muy debilitada, la sociedad está tratando de resolver su cotidianidad y no hemos tenido una mirada centrada en el niño, y mientras eso no cambie los contextos de violencia van a seguir incrementándose", afirmó.A CIEGASLa falta de cifras sobre el número de niños asesinados ha obligado a organizaciones como Cecodap a hacer su propia data.Según esta ONG, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por "violencia doméstica".Pese a estos datos, Trapani explicó que el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez."No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia", dijo.Agregó que "la ausencia de programas y servicios" de atención terapéutica y psicosocial, dirigidos a acompañar a sobrevivientes de agresiones y a las familias a afrontar hechos violentos, es otra debilidad que concluye en que "los niños que son víctimas de violencia están profundamente a la deriva".Organizaciones especializadas advierten que las respuestas deben ser estructurales y apuntar no solo a atender a las víctimas, sino a educar sobre la denuncia, a devolver la confianza en las instituciones y a promover la cultura de la prevención.
Luego de la amenaza del Bloque Águilas Negras a los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación, las altas cortes le piden a las autoridades de seguridad del Estado a reforzar su protección.En el pronunciamiento dice que su decisión está sometida a un sistema de mayorías que ejerce este mandato frente a providencias que deben ser acatadas, tanto como por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad.La amenaza contra los magistrados es clara: “revoquen la orden de asesinar niños a los 6 meses o aplicaremos el objetivo militar”.Por lo que frente a estos ataques que han recibido los magistrados de la Corte Constitucional: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alberto Rojas Ríos y el conjuez Julio Andrés Ossa, vía correo por el Bloque de las Águilas Negras, en la que tildaron de infanticidio la decisión de despenalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación; las altas cortes le piden a las fuerzas de seguridad del Estado, reforzar la protección de los magistrados de la Corte Constitucional y garantizar su vida e integridad personal.Escuche el Podcast Cómo Como:
El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, condenó el martes a la pena de muerte a una pareja por haber matado y despedazado a un niño de siete años, hijo del marido y de su exesposa .Los dos esposos fueron acusados por "homicidio voluntario con premeditación", por el uso de "actos de barbarie contra familiares descendientes", y por "mutilación del cadáver", según informó la agencia oficial MAP.La pareja ha sido también condenada a pagar una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) a la familia de la víctima.El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre cuando se encontraron restos del cadáver de un niño en un vertedero de Larache (norte del país), y las investigaciones llevaron al domicilio familiar de la víctima, donde aparecieron otras partes del cadáver escondidas dentro del frigorífico.Las investigaciones revelaron entonces que el padre del niño y su actual pareja decidieron estrangularlo y despedazarlo en su casa, tras sucesivas disputas con la madre del niño por el pago de la pensión familiar.El caso originó entonces una enorme conmoción social.La condena se produce en un momento de indignación social por otro suceso terrible: el secuestro, violación sexual y asesinato del niño de Adnan (de once años) por un vecino en Tánger que lo enterró cerca de su casa.Este caso y otros parecidos resucitaron las reclamaciones para aplicar la pena de muerte a pederastas e infanticidas.Una encuesta realizada en julio de 2018 por el centro de investigaciones sociológico "Sinergia" demostró que el 44 % de los ciudadanos marroquíes se muestra a favor de aplicar la pena capital en los casos de pederastia, y el 18 % reclaman una condena a perpetuidad.La sentencia a muerte suele dictarse en Marruecos en sucesos que crean gran alarma social, como los infanticidios o el terrorismo, pero el país aplica una moratoria (no declarada) sobre la pena máxima desde 1994, fecha en que tuvo lugar la última ejecución.Existe un movimiento abolicionista apoyado sobre todo por partidos laicos y organismos pro derechos humanos, pero los islamistas y los partidos conservadores se niegan a retirar la pena capital de la legislación marroquí.
La propuesta del Gobierno Nacional de reducir las tarifas del peaje en las Autopistas del Café de 17.800 a 700 pesos generó incertidumbre en el sector de infraestructura. Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, concesionario mayoritario de la vía, advirtió que el Estado colombiano deberá asumir el costo de esta diferencia económica con cargo al presupuesto nacional.En entrevista con Mañanas Blu, Serani explicó que el contrato de Autopistas del Café corresponde a una concesión de primera generación que cuenta con la figura jurídica de ingreso mínimo garantizado. Debido a este diseño contractual, cualquier reducción unilateral de las tarifas obliga a la Nación a compensar el diferencial en el recaudo.“Paga la nación porque esto es un contrato con ingreso mínimo garantizado. Al final, como ya está en etapa de reversión, se va a calcular y los diferenciales que haya lo deberá pagar la nación acogiéndose al contrato”, precisó el directivo. Además, Serani manifestó que la empresa no ha sido incluida en las mesas de discusión del Gobierno y que, a la fecha, se desconoce la existencia de una partida presupuestal aprobada para soportar dicho gasto emergente.¿Qué pasará con las obras de infraestructura vial y el proyecto Conexión Centro?El contrato actual se encuentra en etapa de reversión para devolver la infraestructura a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Ante el fin de esta concesión, Odinsa estructuró durante los últimos ocho años una nueva iniciativa privada denominada Conexión Centro, que proyecta inversiones por 7 billones de pesos para ampliar el corredor vial a 334 kilómetros y construir 70 kilómetros de doble calzada.Frente a los rumores políticos sobre un posible rechazo gubernamental a este nuevo proyecto por financiarse mediante peajes, Serani aclaró que no han recibido notificación oficial. La compañía planteó a la ANI escenarios alternativos que contemplan tarifas diferenciales y la reducción en el número de casetas. El presidente de Odinsa solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Contraloría General para asegurar que el proceso de evaluación se ciña estrictamente a criterios técnicos, jurídicos y financieros, alejados de presiones políticas en la actual época electoral.
Un refuerzo especial en materia de seguridad para la jornada electoral de este fin de semana tendrá Bucaramanga con el apoyo de 100 auxiliares de Policía provenientes de diferentes escuelas de formación, quienes estarán vigilando los puestos de votación de la ciudad y especialmente en los corregimientos.El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, explicó que estos uniformados fortalecerán los circuitos de seguridad en los puntos habilitados para las elecciones, mientras que el Ejército Nacional tendrá a cargo la custodia en las zonas rurales.“Tenemos un refuerzo importante de auxiliares de Policía que vienen de diferentes escuelas de formación y, con apoyo de la Alcaldía Municipal, tendrán alojamiento para fortalecer los circuitos de seguridad en los puestos de votación. Nuestro Ejército Nacional tendrá la custodia en los puestos de votación de la zona rural y todo se concentrará en Neomundo, donde será el escrutinio”, señaló el funcionario.Según Pinto, las autoridades no tienen reportes de alertas que representen riesgo para el desarrollo de las elecciones en Bucaramanga ni en sus tres corregimientos, aunque aseguró que se mantendrán en máxima vigilancia durante toda la jornada.“En Bucaramanga y sus corregimientos no tenemos ninguna alerta temprana que pueda afectar las elecciones. Estamos atentos y preparados para garantizar tranquilidad”, indicó.Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe masivamente en la jornada democrática y ejerza su derecho al voto en calma y en familia.“La recomendación es que la gente salga a votar temprano, que lo haga en familia y luego continúe sus actividades con tranquilidad, ya sea compartir un desayuno, hacer deporte o esperar los resultados en sus casas”, agregó Pinto.De igual forma, la administración municipal confirmó que se acogerá al decreto nacional de Ley Seca. La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado, se extenderá durante la jornada electoral y hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 de la mañana.Además, habrá restricciones para el transporte de escombros, trasteos y carga pesada, medidas que buscan evitar situaciones que puedan alterar el orden público.El secretario del Interior indicó que, por instrucción del alcalde Cristian Portilla, el objetivo es garantizar unas elecciones “transparentes, tranquilas y libres”, trabajo que se adelanta de manera articulada con la Policía Metropolitana, el Ejército y gestores de convivencia que estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad.
En medio de un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía, la Fiscalía, el Ejército y la DEA de Estados Unidos, fue capturado en Uribia, La Guajira, Pedro Luis Cotes Bernier, conocido con los alias de ‘Pedro Cotes’ o ‘El Gallero’, señalado como uno de los principales articuladores del narcotráfico transnacional en la Alta Guajira.La captura se realizó en el marco de la operación “Pompeya”, una investigación internacional iniciada en 2022 que permitió rastrear las actividades del denominado “Clan Cotes”, estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína y armas. Contra el capturado existía una orden de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración y tráfico de drogas ilícitas.De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Gallero’ controlaba rutas marítimas y terrestres utilizadas para enviar entre dos y tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos. Además, presuntamente facilitaba el tránsito de cargamentos provenientes del Catatumbo pertenecientes al ELN y al Clan del Golfo, y suministraba armamento a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Las investigaciones también señalan que Cotes Bernier aprovechó su paso como concejal de Uribia entre 2020 y 2023 para, supuestamente, lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y el manejo de instituciones etnoeducativas. Según la Policía, también instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad wayuu para ocultar sus movimientos y evitar controles de las autoridades.Las autoridades indicaron además que alias ‘El Gallero’ estaría detrás de recientes episodios de violencia y homicidios selectivos en Maicao y Uribia, producto de disputas criminales con alias ‘Naín’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Esa confrontación lo habría obligado a esconderse en rancherías de la región.Durante el desarrollo de la investigación, la DEA y la Policía asestaron cinco golpes logísticos a la organización entre República Dominicana y La Guajira, logrando la incautación de más de 4.300 kilos de cocaína, lo que debilitó considerablemente la capacidad operacional del “Clan Cotes”.“Esta captura representa un triunfo contundente de la institucionalidad colombiana y la cooperación internacional”, afirmó el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país entre el 27 de mayo y el 2 de junio, con el fin de garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.Según la entidad, durante esos días no habrá atención en estos servicios a nivel nacional. Sin embargo, aclaró que en los municipios donde no exista notaría con función registral y en casos excepcionales de urgencia sí se podrán realizar inscripciones en el registro civil para garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar, por ejemplo, inscripciones extemporáneas de defunción.La Registraduría también informó que la entrega de documentos de identidad estará habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Actualmente, hay 295.321 cédulas de ciudadanía pendientes por reclamar en todo el país.Además, la entidad señaló que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán normalmente el miércoles 3 de junio, en el horario habitual de atención entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.Finalmente, la Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos para reclamar su cédula de ciudadanía, recordando que este es el único documento válido para poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
Un juez frenó la construcción de un hospital de segundo nivel en La Ceja, Oriente antioqueño, tras amparar una acción popular que advierte un posible daño ambiental en los terrenos de una institución educativa.El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín ordenó suspender cualquier intervención en el predio de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño, donde se proyectaba parte de la obra hospitalaria.La decisión se toma en medio de la controversia por la Resolución 118 de 2026, con la que la Alcaldía de La Ceja subdividió el lote del colegio para destinar un área al nuevo centro asistencial.Según la acción popular, el terreno corresponde a un posible humedal utilizado actualmente como aula ambiental por estudiantes, lo que activó la aplicación del principio de precaución.En su decisión, el juez ordenó frenar las obras y solicitó estudios técnicos, según detalló Kevin Jiménez, concejal de La Ceja.“Y declaró dos cosas muy importantes. La primera es que frena todas las acciones y obras que se pretendían realizar en este espacio y la segunda es que le obliga a Cornare a hacer un estudio geotécnico detallado del suelo para permitir tener información y ser claros de la existencia de este posible humedad”, aseguró.Además, se abre la participación ciudadana para que la comunidad se vincule al proceso judicial antes de una decisión de fondo.Tras esta decisión del juzgado, la Alcaldía de La Ceja tendrá diez días hábiles para responder la demanda, mientras el área permanece bajo protección judicial.
