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La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría firmar este mismo lunes la orden ejecutiva que declara al movimiento Antifa como una organización terrorista doméstica. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró en rueda de prensa que el documento “está prácticamente listo” y que el mandatario tiene la intención de rubricarlo en las próximas horas.
Trump ya había anticipado en su red social Truth Social que impulsaría la medida, calificando a Antifa como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”. Según la Administración, este movimiento estaría vinculado con algunos de los atentados recientes en el país y con acciones violentas contra agentes de inmigración y centros religiosos.
Aunque la Casa Blanca lo presenta como una organización estructurada, Antifa es en realidad una red descentralizada de colectivos y activistas que se declaran opositores al fascismo, al racismo, al antisemitismo y a las ideologías de ultraderecha. El movimiento tiene presencia internacional y, en Estados Unidos, suele aparecer en protestas y movilizaciones sociales.
Trump ha señalado en repetidas ocasiones a Antifa como responsable de incitar disturbios, incluyendo los que estallaron tras la muerte de George Floyd en 2020 durante su primer mandato. Para sus críticos, el presidente busca convertir al movimiento en un símbolo de lo que llama “extrema izquierda radical” y usarlo políticamente como contrapeso a sus opositores.
La portavoz Leavitt mencionó incluso que las balas del rifle utilizadas en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk contenían mensajes asociados con Antifa, un dato que ha sido usado como argumento central para justificar la declaración de terrorismo doméstico.
La posible firma de Trump ha abierto un debate en Washington. Expertos en seguridad y juristas señalan que, al no tratarse de una organización con jerarquía definida ni con un liderazgo centralizado, resulta complejo aplicar la categoría de “grupo terrorista” a Antifa bajo la legislación vigente.
Desde sectores progresistas acusan a la Casa Blanca de criminalizar la protesta social y de intentar desviar la atención de otros problemas internos. En cambio, entre los aliados de Trump la medida es celebrada como un acto de firmeza frente a lo que consideran amenazas a la seguridad nacional.
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De firmarse la orden ejecutiva, Antifa pasaría a estar oficialmente en la lista de organizaciones terroristas domésticas, lo que abriría la puerta a mayores acciones de vigilancia y persecución judicial contra activistas vinculados a este movimiento.
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