Transparencia por Colombia presentó su segundo informe de elecciones y contratos, el cual analiza la relación entre la contratación de bienes y servicios con financiadores de campañas políticas.
El informe encontró que uno de cada cuatro financiadores de campañas de autoridades electas en 2019, obtuvo contratos con fecha posterior a la posesión de estos mandatarios. En total, los financiadores de estas campañas celebraron 19.026 contratos por un valor que asciende a 5.3 billones de pesos.
Aunque la celebración de contratos con financiadores de campañas no está prohibida, para la ONG es esencial fortalecer las acciones de prevención, monitoreo, control y sanción para garantizar un manejo transparente y responsable de los recursos involucrados.
El informe encontró que el 85 % de los contratos celebrados con financiadores de campañas se realizó mediante modalidades simplificadas, particularmente contratación directa (39 %), régimen especial (32 %) y selección abreviada (14 %). En contraste, solo el 9,5% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública.
En relación con las inhabilidades para contratar con financiadores de campañas, el informe destaca que el artículo 2 de la Ley 1474 señala que las personas que realicen aportes mayores al 2 % del tope establecido para las campañas de alcaldía, gobernación, congreso y presidencia quedarán inhabilitadas para celebrar contratos públicos con todas las entidades del mismo nivel de Gobierno en el que se realiza el aporte.
En el informe se resaltan casos en los que se identifican inhabilidades en el relacionamiento entre financiadores de campañas y contratistas, como el caso del exgobernador de Vichada Álvaro Arley León Flórez, quien firmó contrato directo en el marco de la pandemia por valor a los 1.700 millones de pesos con un financiador de su campaña cuyo aporte superó el 2 % del tope.
Transparencia por Colombia hace un llamado a las autoridades territoriales recientemente elegidas para que adelanten de manera proactiva procesos de control interno en las alcaldías y gobernaciones que permitan identificar potenciales conflictos de interés e inhabilidades en la contratación con financiadores de campaña.
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