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En el recurso, se evidencia las presuntas irregularidades en los procesos que ha adelantado el Gobierno desde el año 2014 para otorgar licencias para la explotación no convencional de hidrocarburos en diferentes zonas del país sin contar con los estudios previos para dicha actividad.
“Se acude ante esta instancia para clamar la prohibición de estas actividades hasta tanto se expedida una ley por parte del Congreso que prevenga y controle los factores de deterioro ambiental”,dice el documento.
Vea también: Gobierno iniciará estudio de viabilidad para uso de fracking en Colombia
Para el actor de esta acción popular, “el Estado colombiano está jugando con la seguridad ambiental”, autorizando el ejercicio de fracturación hidráulica sin una normativa que garantice la preservación de los recursos hídricos del país y de territorios en donde están asentadas comunidades indígenas.
De igual forma, dejó en evidencia que, en el tema de la sismicidad, Colombia no cuenta con un plan de contingencia por el movimiento de las placas tectónicas provocadas por la explotación no convencional de hidrocarburos.
“Colombia carece de la tecnología mínima para la ejecución de una actividad tan riesgosa y debe improvisar en el fracking para brindar condiciones técnicas que permitan vigilar la sismicidad del sector”, señala el documento.
En la acción popular se exponen los estudios y advertencias de varios sectores nacionales e internacionales sobre el riesgo que existe en el uso de esta modalidad de explotación y considera que las medidas cautelares son urgentes para prohibir el fracking hasta que se determine que no existen afectaciones irreversibles para el país.
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