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La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por presuntas irregularidades en la ejecución de cinco contratos celebrados en medio de la emergencia por el coronavirus por 8.802 millones de pesos.
El ente de control también llamo a responder al jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, a la secretaria de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y al secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez. La audiencia se realizará de manera virtual el 14 de noviembre.
El ente de control señaló que “al parecer se presentaron presuntos sobrecostos” y describió los contratos que tienen que ver con una campaña para la prevención del COVID-19 por $438 millones, atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Además, compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores por $2.389 millones; adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones e interventoría de este por $300 millones.
El ente de control dijo que los contratistas contratados no cumplirían los requisitos ni experiencia. En el caso del contrato del PAE “al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos”.
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