La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) eliminó tres exigencias ambientales relacionadas con el proyecto de exploración de hidrocarburos en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano, donde se encuentra el pozo Komodo-X1.
Los cambios quedaron establecidos en la resolución 002921 del 29 de octubre de 2026. El proyecto tiene una participación de Ecopetrol del 40 % y de Anadarko del 60%, compañía que está a cargo de la operación.
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Uno de los cambios tiene que ver con los planes ambientales que deben presentarse para cada pozo. Antes, la operadora tenía que entregar estos documentos y esperar una aprobación previa de la Anla previo a continuar con determinadas actividades. Con la modificación, ya no será necesario contar con ese visto bueno previo dentro del plazo que se había establecido. Sin embargo, deberá presentar los planes y la autoridad podrá revisar su cumplimiento durante las visitas y actividades de seguimiento ambiental.
La segunda modificación está relacionada con los planes de contingencia, es decir, los documentos que explican cómo actuar ante situaciones de emergencia, como un derrame de hidrocarburos o la pérdida de control de un pozo. La Anla determinó que estos planes ya no tendrán que pasar por conceptos adicionales de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Dimar o la Armada Nacional antes de su aplicación.
El tercer cambio consiste en eliminar la conformación de un grupo especial de expertos que estaba previsto para hacer seguimiento al proyecto. En adelante, la ANLA podrá apoyarse en el Consejo Técnico Consultivo, una instancia que ya existe y que reúne conocimientos de diferentes entidades y especialistas para analizar asuntos ambientales.
Estas modificaciones se dieron después de que Anadarko solicitara revisar las obligaciones establecidas para el proyecto. Las recomendaciones fueron analizadas en una sesión del Consejo Técnico Consultivo realizada el 22 de octubre, con participación de representantes de los ministerios de Ambiente y Minas, el Ideam y el Invemar, entre otras entidades.
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La decisión no significa que el proyecto quede sin controles ambientales. La licencia y las demás obligaciones que no fueron modificadas continúan vigentes. La ANLA conserva sus facultades para solicitar información, hacer visitas de seguimiento, imponer medidas preventivas y aplicar sanciones si encuentra incumplimientos.
La resolución también establece que contra la decisión puede presentarse un recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a su notificación. Las modificaciones comenzarán a aplicarse una vez el acto administrativo quede en firme.