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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la entrega de 28.323 hectáreas de tierra en el departamento del Cesar, beneficiando a campesinos y comunidades étnicas que, por años, han estado excluidos del derecho efectivo a la propiedad rural. La adjudicación hace parte de las acciones del Gobierno nacional para avanzar en la redistribución de tierras, una de las principales apuestas del acuerdo de paz firmado en 2016.
Según la entidad, estas entregas buscan cerrar brechas históricas en el acceso a la tierra, brindar estabilidad a comunidades rurales, y apoyar la producción agrícola y la economía campesina. La región del Cesar ha sido escenario de despojos, conflictos por la tierra y concentración de la propiedad, factores que la han convertido en una zona prioritaria para las políticas de restitución y reforma agraria.
Además de las tierras adjudicadas, la ANT informó la recuperación de 3.500 hectáreas que estaban en poder de ocupantes ilegales o estructuras criminales. Estas hectáreas ahora regresan al control del Estado y serán incorporadas a los programas de distribución a población campesina sin tierra o con tierra insuficiente.
En paralelo, se formalizaron más de 7.200 hectáreas, lo que permitió que personas que ya ocupaban predios de forma informal obtuvieran títulos legales de propiedad. Esto no solo garantiza seguridad jurídica sobre el territorio, sino que también les permite acceder a beneficios como créditos, programas técnicos y apoyo institucional.
De acuerdo con la ANT, la entrega y formalización de tierras en el Cesar forma parte de un plan más amplio que incluye identificar y sanear predios rurales, garantizar su uso productivo y fortalecer la presencia del Estado en zonas con altos niveles de pobreza rural.
Las comunidades beneficiadas destacaron la importancia de recibir tierra en propiedad, después de décadas de incertidumbre y abandono. Para muchos, tener un título significa una nueva oportunidad de arraigo, inversión y desarrollo familiar.
Estas acciones se enmarcan dentro del punto uno del acuerdo de paz, que contempla la Reforma Rural Integral como base para transformar el campo colombiano y reducir las causas estructurales del conflicto armado.
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