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Así va el proceso de protección de excombatientes de Farc tras incremento de homicidios

Pese a que el Gobierno insiste en que ha adoptado todas las medidas, la JEP dictó medidas cautelares, Fiscalía dice acelerar esclarecimiento.

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Excombatientes en ETCR // Foto: AFP

Fue el pasado 30 de julio de 2020 cuando la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de Farc que están siendo sometidos ante el tribunal, tras hallar que persiste una grave situación de vulneración a sus derechos.

La orden de la JEP se entregó al alto comisionado para la Paz, al consejero presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección para que tomaran acciones y garantizar la seguridad de los reincorporados.

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Pese a esta situación, desde el Gobierno se presentaron reparos y por eso se interpusieron recursos de apelación. Por parte de la UNP, BLU Radio pudo conocer que el argumento estuvo basado en dificultades económicas, mientras que la Consejería para la Estabilización se había expresado públicamente frente al asunto diciendo que no se han ahorrado esfuerzos para proteger la vida de los excombatientes.

Entre otras, la JEP dijo que a la Consejería, en cabeza de Emilio Archila, le corresponde dirigir la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, pero que informes relacionados con el acatamiento de las funciones evidenciaron incumplimientos, mientras que el programa de protección integral para los integrantes de Farc que figura a cargo de la UNP, no reporta acción alguna y no ha sido aprobado por la Mesa, y por ende, no ha entrado en funcionamiento.

En vista de las amenazas y homicidios sucesivos contra excombatientes que, además, ponen en riesgo la posibilidad de conocer la verdad y otras razones fueron suficientes para que la JEP adoptara la medida cautelar y que Archila, como presidente de la Mesa Técnica, convocara a dicha instancia para diseñar y adoptar el plan estratégico de seguridad y protección en un término de 60 días, disponiendo mecanismos administrativos y presupuesto para garantizar esa implementación.

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Pero Emilio Archila en su momento reaccionó y dijo que dicha mesa técnica nunca ha dejado de trabajar y que, incluso, ha sesionado en 22 ocasiones y se han registrado 68 reuniones de subcomisiones para evaluar el riesgo en cada caso. Y fue enfático: “nos están obligando a hacer lo que ya estábamos haciendo”, dijo.

Entre tanto, la orden para la UNP fue implementar los esquemas de protección pendientes de entregar total o parcialmente, programar los estudios de riesgos y adoptar medidas en 20 días hábiles, así como garantizar presupuesto para nombrar una planta completa de agentes escolta del Cuerpo de Seguridad y Protección, orden que también fue objeto de apelación.

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Según explicó a BLU Radio Rafael Campo, director de la UNP, las razones fueron presupuestales y de tiempo. Dijo que están avanzando en el cumplimiento de las órdenes, pero necesitan recursos que ya solicitaron al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con las cifras del Partido Farc, a la fecha son 224 los excombatientes asesinados, alrededor de 40 familiares y al menos cuatro colectivos sometidos a desplazamientos forzado, por lo que se ha pedido insistentemente que la seguridad y la protección sea más eficaz.

Laura Villa, delegada de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, dice que es justo la integridad y la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, la que más se ha puesto en peligro y que aún falta que se generen mayores garantías.

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Mientras Raúl Rosende, director de verificación de la Misión de la ONU, fue enfático en decir que, además de que hay un asunto pendiente con las tierras tanto para proyectos productivos como para vivienda, hay un gran reto y es la seguridad de los excombatientes, “es negativo que quien dejó las armas en buena fe, hoy esté siendo asesinado”.

Esclarecimiento

Aunque la percepción para los excombatientes y parte de la sociedad no es del todo la mejor frente al esclarecimiento de los hechos donde han caído excombatientes de las Farc, para la Fiscalía hay importantes avances, pues según explicó el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, no se ha parado de trabajar, y las cifras, según indicó, han tenido mejoría.

“Tenemos avances en esclarecimiento de 153 hechos de los reincorporados, del 50.5%, pasamos del 45% al 50,5%, 32 casos en juicio, 30 casos con imputación de cargos y dos casos precluidos por muerte del indiciado. Por homicidios de derechos humanos están pendientes las capturas de 195 personas”, detalló Barbosa.

De otro lado, manifestó que los grupos residuales (disidencias), el Clan del Golfo y el ELN, están detrás de gran parte de los homicidios.

“Ayer conversé sobre estos temas y otros con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, con quien tengo una excelente relación en diferentes campos. En el 77% de las afectaciones contra personas reincorporadas y sus familiares se ha destacado que hay responsabilidad de organizaciones. Tenemos la gente cumpliendo, investigando, imputando, ordenando capturas y la instrucción es que se avance a la acusación y defendamos los juicios con vigor”, explicó.

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