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“Cancillería hizo una licitación ilegal para expedición de pasaportes”: abogado Ernesto Matallana

A la pregunta de si la Cancillería se dio cuenta de que los pliegos para la licitación de pasaportes, que ella misma formuló, eran ilegales, el abogado dijo que sí porque afectaban la libre competencia y interés general.

Pasaporte Colombia
Pasaporte Colombia
Aaftab Sheikh/Getty Images

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Ernesto Matallana, apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la licitación de pasaportes, dijo que la Cancillería hizo una licitación ilegal que favoreció a la firma Thomas Greg & Sons, que hoy está a punto de ganar una millonaria demanda contra el Estado.

El abogado Matallana destacó que se percataron de la ilegalidad en los pliegos de condiciones, los cuales fueron corregidos durante el proceso. Señaló que la normativa permite la ineficacia de pleno derecho en la ejecución del contrato cuando se violan los contenidos legales, permitiendo así correcciones en cualquier etapa precontractual o durante la ejecución del contrato.

“Claro, exactamente. Eso fue lo que terminó corrigiendo. Si usted termina de leer esa norma, al final dice: ‘Se declarará ineficaz de pleno derecho la violación de este contenido’. Inclusive, permite la ineficacia en pleno derecho en la ejecución del contrato. O sea, la corrección en pliego de peticiones que no atienden con la legalidad puede ser corregidos en cualquier etapa precontractual o en la ejecución del contrato”, indicó.

En cuanto a las posibles consecuencias penales, Matallana manifestó que desconoce si la licitación ilegal podría implicar responsabilidades penales y argumentó que se tendría que demostrar la existencia de dolo.

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El abogado dejó claro que como apoderado, su función es defender el acto administrativo de declarar desierta la licitación. Indicó que la decisión sobre cómo proceder corresponderá al juez del contrato, quien determinará la validez de su argumento.

Yo soy el apoderado de la Cancillería y yo tengo que defender ese acto administrativo que se presume su legalidad
indicó.

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En la entrevista, se evidenció un aparente cambio de posición del abogado Matallana respecto a sus declaraciones anteriores en redes sociales. Se le cuestionó sobre un trino en el que expresó apoyo a la saliente directora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, afirmando que el único proponente que cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato. Matallana explicó que en ese momento desconocía los detalles y que su análisis actual se basa en un estudio más profundo del caso.

“Es que yo lo escribí en su momento porque yo conozco a la doctora Martha Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista, de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, pues no hay lugar a la declaratoria desierta porque la norma prácticamente te obliga a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta, pero cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta. Que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación”, aclaró.

Cancillería y Thomas Greg & Sons no concilian

La Cancillería y la compañía Thomas Greg & Sons no llegaron a un acuerdo en la audiencia de conciliación por la anulación de la licitación para fabricar pasaportes. Esto podría derivar en una demanda millonaria contra el Gobierno por más de 117.000 millones de pesos.

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La audiencia, que duró solo 10 minutos, se llevó a cabo en la Procuraduría General de la Nación. Las partes no se pusieron de acuerdo en las pretensiones económicas de la empresa, por lo que se declaró la nulidad del proceso.

Thomas Greg & Sons pretende que se declare nula la resolución con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes. La compañía también pide que se condene al Estado a pagar la utilidad dejada de percibir. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, ya había anunciado que no estaba dispuesto a conciliar con la empresa.

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