LaProcuraduría colombiana formuló pliego de cargos contra tres oficiales y 18 agentes de policía que habrían participado en la masacre de Tandil, vereda de Tumaco en el departamento del Nariño, donde el 5 de octubre de 2017 cerca de 2.000 personas realizaron una protesta social en el lugar por las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito de coca, ya que esto era una fuente de ingreso para la comunidad y no tenían de otra.
Durante el desarrollo de la protesta, se escucharon disparos lo que hicieron que se presentara enfrentamientos, ya que al escuchar los disparos los policías respondieron a la arremetida, lo cual terminó dejando a siete personas muertas y a 20 heridas.
“Tras escucharse el sonido de lo que parecía ser una ráfaga de arma de fuego, integrantes de la Policía Nacional, presuntamente, desenfundaron y accionaron sus armas de fuego de dotación en contra de la población civil, dando como resultado la muerte de siete personas y otras veinte resultaron heridas”, dice el documento que está en manos de la Procuraduría.
Frente a los hechos presentados, la evidencia física recolectada por la entidad indica que los policías vulneraron y violaron los derechos a la vida, integridad social e incluso pusieron en riesgo la vida de otras personas que se encontraban en el lugar.
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Asimismo, para la Procuraduría, según el material probatorio, los policías supuestamente afectaron "gravemente" los derechos a la vida y la integridad física, "valores esenciales del ordenamiento constitucional y de la humanidad en su conjunto, sin contar con el grave riesgo en el que pusieron a los demás civiles allí presentes".
El cargo endilgado al oficial al mando se imputa por presuntamente no haber evitado, pudiendo hacerlo, que un grupo de policías que estaban bajo su control se “extralimitaron en el uso de sus armas de dotación”.
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Frente a los demás integrantes de la policía el cargo imputado hace referencia a la presunta omisión de su función orientada a proteger a todas las personas y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, entre los que se encuentran la vida y la integridad personal. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.
Ahora el proceso pasará a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento (reparto), quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario en contra de los integrantes de la Policía.
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