El abogado Juan Carlos Calderón España, promovente de la demanda de pérdida de investidura que llevó a la declaración de muerte política en primera instancia contra el exsenador Iván Name por parte del Consejo de Estado, reveló detalles del proceso judicial y anunció nuevas acciones legales.
La demanda, radicada antes de julio de 2025, se sustentó en un acervo probado a través de documentación, testimonios y audiencias en las que la defensa de Name actuó mediante apoderado.
Anatomía del fallo y las pruebas del entramado legislativo
El fallo emitido por la Sala Especial del Consejo de Estado reconoció la contundencia de las pruebas testimoniales de los exfuncionarios Olmedo López, Sneider Pinilla y Sandra Ortiz. Dichas declaraciones detallan la entrega de más de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Congreso, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según Calderón, estos pagos habrían sido el resultado de un acuerdo ilícito entre las ramas del poder público: "claramente había un concierto para delinquir entre el ejecutivo y el legislativo".
Esta articulación buscaba la aprobación de iniciativas parlamentarias como la reforma pensional, así como la asignación de partidas presupuestales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyos contratos derivaban posteriormente en el pago de coimas.
Cuestionamientos a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia
Durante sus declaraciones, el jurista cuestionó duramente el papel desempeñado por los entes de control y la administración de justicia. En particular, criticó la postura de la Procuraduría General de la Nación, sosteniendo que "se ha vuelto no solo en este proceso, sino en 20 de nulidades que yo tengo en el Consejo de Estado, una defensa aférrima a favor de los corruptos".
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Frente al concepto del organismo que pedía negar la solicitud de pérdida de investidura por supuesta falta de pruebas, Calderón anunció que solicitará a la Sala de Disciplina Judicial que investigue al ente de control.
De igual forma, el abogado reprochó la lentitud de la Corte Suprema de Justicia respecto a los 33 congresistas salpicados en el expediente, confirmando que radicará la pérdida de investidura de todo ese grupo y exigirá órdenes de captura. Frente a la actuación del alto tribunal, afirmó enfáticamente: "en la Corte Suprema los magistrados en el día tienen una toga y en la noche se vuelven políticos".
Los señalamientos directos a María José Pizarro y la vía penal
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del abogado demandante apuntó directamente a la exsenadora María José Pizarro, quien ejerció la conducción de las plenarias legislativas durante las ausencias temporales de Iván Name. Ante la declaración pública de Pizarro, en la cual aseveró que "no permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno", el jurista desestimó tajantemente su defensa.
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Para Calderón, la congresista no puede argumentar desconocimiento sobre lo que se debatía y aprobaba en el recinto. "María José Pizarro, ella no puede decir que no conocía cuando ella presidió más de 20 sesiones en las ausencias temporales que tenía el expresidente del Congreso, Iván Name", aseveró el litigante. En esa misma línea, remarcó la responsabilidad inherente a su rol directivo: "ella conocía del procedimiento de las actas, de las sesiones, de las comisiones que se estaban haciendo, desarrollando y aprobando para que se aprobara, valga la redundancia, la ley pensional y otras normas".
Finalmente, Calderón advirtió que su equipo jurídico se encuentra evaluando llevar el caso de Pizarro ante la justicia ordinaria. "Estaremos pendientes de que podamos establecer un presunto delito para ir a la Fiscalía General de la Nación, porque ella no puede desconocer. Ella presidió la sesión, presidió la sesión en la ausencia del presidente del Congreso, o sea, ella conocía de lo que se estaba aprobando", concluyó el demandante.
Escuche aquí la entrevista: