Choque entre MinJusticia y fiscal general por bienes de SAE para presos

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, tuvieron una contrariedad en el debate sobre hacinamiento y crisis carcelaria ante la Comisión de Paz del Senado, todo por cuenta de los bienes en poder de la Sociedad de Activos Especiales que, para el fiscal, podrían destinarse para trasladar a privados de la libertad en medio de coronavirus. Todo inició porque la ministra de Justicia dijo que los dos inmuebles ofrecidos por la SAE para trasladar a privados de la libertad no cumplen con condiciones de salubridad. Uno de ellos es ‘El Castillo’, un antiguo y reconocido prostíbulo del centro de Bogotá.“Hasta ahora los dos bienes, los dos inmuebles que nos ofrecieron, no reúnen las condiciones. Uno era un famoso prostíbulo del centro, no reúne las condiciones, no hay situaciones de sanidad, tocaría reestructurar esos dos inmuebles, nos llevaría mucho tiempo. Esa posibilidad no está”, explicó Cabello.Por su parte, el fiscal Barbosa le respondió que si no sirven, la directora de la SAE, que es la entidad que los administra, debe dar explicaciones sobre su estado.Le puede interesar: Proyecto de decreto de emergencia carcelaria es inconstitucional: Fiscalía“Si esos bienes están completamente destruidos, si están inservibles, estamos hablando de una responsabilidad muy grave en la manutención, porque esos bienes tienen una función especial para el funcionamiento de la justicia. Ahí tendría que ser citada la directora de la SAE y explicar, porque ni siquiera tienen un bien disponible para este tipo de menesteres, sobre todo porque ahí no están administrando miseria y, si es así, entonces habría responsabilidades fiscales, incluso, de responsabilidad penal, por el manejo de esos recursos que son del Estado y que no puede ser admisible el argumento de que no son servibles para ningún propósito”, concluyó.Explicó la ministra que, por ahora y según el borrador de decreto, la idea es que salgan 10.000 presos en condición de vulnerabilidad como mayores de 60 años, quienes tienen enfermedades catastróficas, los discapacitados y quienes ya han cumplido el 40 % de su condena, entre otros.