A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mostraron su “grave preocupación” por el nuevo caso de chuzadas en el país.
Específicamente se refieren a las denuncias que hizo la revista Semana sobre una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes políticos que habría sido desarrollada por miembros del Ejército.
“La CIDH insta al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables”, dice el comunicado.
La CIDH resaltó que es necesario investigar cómo se habrían realizado las interceptaciones teniendo en cuenta que Semana habla de equipos especiales que permiten captar las llamadas de teléfonos celulares y la instalación de un software denominado "Hombre Invisible" en los dispositivos hackeados.
“La CIDH y su relatoría recuerdan que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo. La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”, puntualizó la entidad.
En este nuevo capítulo se habló de intercepciones al director de la revista Semana, Alejandro Santos, al senador Roy Barreras, al exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.
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Sobre el tema hay que resaltar que la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron las investigaciones correspondientes para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el exjefe del Ejército, Nicacio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos.
La CIDH recordó los casos de interceptaciones ilegales en Colombia que han quedado en la impunidad.
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“En los últimos años en Colombia se ha reportado el uso ilegal de interceptaciones por parte de distintos servicios de inteligencia y ciberseguridad como son los casos de las chuzadas del DAS y la Operación Andrómeda en 2018, esta última sobre intercepciones a los negociadores de paz. Las investigaciones sobre las actividades del DAS avanzaron con lentitud, en cuanto a la Operación Andrómeda no se registraron resultados hasta la fecha”, concluyen.
Finalmente, La CIDH le pide al Estado colombiano “garantizar una investigación exhaustiva e independiente respecto de los hechos denunciados y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables. En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con los afectados”.
El relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, emitió en 2019 un informe sobre "La industria de la vigilancia y los derechos humanos" y señaló que los periodistas están expuestos a estas metodologías de vigilancia, convirtiéndose en blanco deliberado de ellas.
Destacó que los tres principales tipos de vigilancia son interceptar comunicaciones, hackear aparatos electrónicos (móviles y ordenadores) y vigilar de forma masiva los flujos de comunicación.
La vigilancia selectiva incentiva la autocensura y menoscaba de manera directa la capacidad de los periodistas y los defensores de derechos humanos para realizar sus investigaciones y para forjar y mantener relaciones con sus fuentes de información.
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